La desdicha de no ser Matos Berrido: 120 ex empleados del IAD denuncian injusticia

SUS DERECHOS PISOTEADOS

SANTO DOMINGO, DN. (República Dominicana) - Mientras algunos altos funcionarios de entidades estatales se auto pensionan y asignan privilegios, otros servidores públicos viven penando por sus prestaciones laborales, como sucede con unos 120 ex empleados del Instituto Agrario Dominicano (AID), que fueron cancelados al inicio del actual Gobierno, y que dedican sus esfuerzos diarios a recuperar RD$17 millones en indemnizaciones.

Entre los despedidos del IAD figuran los agrónomos Jorge Catano, Luis Francisco Montero, Julio César González y Birelsa Acosta, quienes cuestionan el hecho de que altos funcionarios, como el gerente general del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV), Leonardo Matos Berrido, se auto asigne una pensión de más de RD$450 mil mensuales.

Lamentan que en el país sucedan casos de funcionarios que se auto pensionan, mientras los cancelados del IAD no encuentran respuestas a su reclamo, pese a que sirvieron al Estado hasta por 25 años.

La propia Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP) se hizo eco del problema de los cancelados del IAD. En carta remitida al presidente Leonel Fernández el pasado 3 de julio, el director de dicho organismo, Ramón Ventura Camejo, explica que los ex empleados “fueron separados del servicio sin causa justificada, después de haber laborado durante diez o más años en esa institución (el IAD) y en otras dependencias”.

Ventura Camejo recuerda al Presidente los derechos que tienen los trabajadores despedidos, en virtud de la Ley 14-91, del 20 de mayo de 1991, sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Añade, además, que “los interesados, por su parte, durante más de tres años han estado haciendo las gestiones de lugar, procurando por diferentes vías que el IAD le dé cumplimiento a sus reclamaciones, acudiendo en varias ocasiones a la prensa escrita y televisiva, sin embargo, no han recibido el pago que disponen las normas citadas ya que, el IAD sólo ha hecho entrega de una mínima proporción de la deuda laboral”.

Julio César González, de 45 años de edad, cuenta que trabajó 14 años en el Departamento de Captación de Tierras del IAD, por lo que entiende que su despido sólo se explica por razones de carácter político.

Considera que entre los despedidos existen casos de personas que debieron ser pensionados por su antigüedad en el servicio. Entre esos casos sitúa el de Manuel Mateo de los Santos, que tenía 15 años trabajando en la gerencia de Higüey del IAD y 10 en la Secretaría de Agricultura.

También recordó que Gustavo Paulino tenía 25 años de servicios y Antonio Guarionex Lora, 24, y Manuel Reynoso Toribio, 21. Unos 20 de los despedidos recibieron en octubre de 2005 una proporción de la indemnización que le correspondía, cuando el entonces director del IAD, Salvador Jiménez (Chío), entregó cheques con esos fines por alrededor de RD$1 millón.

Los despedidos incluso llegaron a un acuerdo con Jiménez para que los afectados recibieran sus prestaciones en distintas partidas. Sin embargo, explican que el funcionario incumplió con lo pactado, bajo el alegado de que el IAD no tenía fondos, pese a que, según recordaron, ese organismo ha designado al menos seis subdirectores en violación a su ley orgánica.

Algunos Casos

Además de Matos Berrido y Melo viuda Cardona, entre los casos de funcionario a los que se les cuestionó el auto asignarse supuestos privilegios desde sus posiciones en el Estado, figuran los actuales jueces de la Junta Central Electoral (JCE) y de la Cámara de Cuentas.

A estos funcionarios se quisieron sumar los senadores con sus aspiraciones recientes de que el Estado aumentara sus salarios de RD$125 mil a RD$250 mil mensuales, bajo el alegado de que el Fondo Social que reciben no les alcanza para cumplir con los compromisos políticos que mantienen en sus respectivas provincias. También reciben pensiones, con sólo cuatro y ocho años de servicios, los ex miembros de la JCE, como su ex presidente Manuel Ramón Morel Cerda, que con cinco años en el puesto, recibe RD$111,121.92, según datos oficiales del organismo.

Por otro lado, el ex presidente de la JCE, Luis Arias Núñez, con sólo ocho años de servicio, recibe RD$159,250.

Las jubilaciones de funcionarios con pocos años de servicios provocan irritación en cientos de trabajadores, como los que se agrupan en la Asociación de Pensionados del Distrito Nacional, una entidad afiliada a la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC). Su presidente, Juan Francisco Corona, explica que en su caso sólo recibe RD$2,900 mensuales, después que “trabajé durante 17 años como mecánico industrial en la Cementera y me pensionaron hace 13 años por invalidez en el servicio, para que me muriera en mi casa”.

Corona cuenta que se siente molesto cuando la prensa se hace eco de que algunos funcionarios, se “pensionan con todos esos cuartos y uno no tiene ni para comprarle arroz a sus hijos”.

Recuerda que los pensionados son, en su mayoría, personas mayores con males propios de su edad y a veces tienen que hacer esfuerzos para cobrar los 25 de cada mes, porque el Gobierno se retrasa en el depósito del dinero en el Banco de Reservas, como sucedió el mes pasado. El resultado de los abusos y la amargura le desencajan la cara.

Matos Berrido defiende una decisión que le beneficia

“Tengo 45 años de servicios efectivos al Estado, entonces si alguien merece esa pensión… Mucha gente se ha jubilado con dos años y menos (en el Estado), lo menos que yo puedo aspirar es a que me pensionen…”, dijo Leonardo Matos Berrido al comparecer en un programa televisivo, donde se refirió a la pensión de más de RD$450 mil que le aprobó el BNV.

Aseguró que desde 2001, cuando se votó la Ley de Seguridad Social, el BNV liquidó su plan de pensiones y devolvió las prestaciones a los trabajadores que serían cubiertos por el sistema de seguridad social.

Se quejó de que, pese a ello, la entidad siguió pensionando “sin ninguna regla”, hasta agosto de 2004. Se definió como un “hombre muy celoso de mi honestidad” e insistió en que merece una pensión luego de ser secretario de Educación, Administrador del Seguro San Rafael y embajador en Taiwán e Italia.

Fuente Original: http://www.clavedigital.com/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=10950

¿Un balance?

POR LILLIAM OVIEDO

Cuatro párrafos en El Caribe del día 16 de agosto convierten en poco menos que ociosa la tarea de pasar balance a la actual gestión gubernamental. Se informa que 4 recién nacidos murieron en el área neonatal del hospital José María Cabral y Báez, de Santiago. El presidente de la filial del Colegio Médico de esa ciudad, doctor Gilberto Tejada, dijo que la muerte de los recién nacidos fue causada por la falta de oxígeno, mientras el subdirector del hospital dijo que esas muertes se producen con frecuencia debido a que muchos niños nacen con problemas físicos. La denuncia de que los tanques de oxígeno del hospital no están en buenas condiciones, no es más grave que el reconocimiento de que muchos bebés mueren en ese centro. ¡Dura realidad!

En el pasado gobierno, fueron abundantes los reportajes sobre interrupción de cirugías en hospitales públicos por interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

El balance de estos gobiernos es la continuidad del abandono, la desigualdad y la exclusión. Las cifras del Programa Mundial de Alimentos (PMA) son reveladoras. En 6 años, la proporción de niños con desnutrición crónica en el país, pasó de poco más de un 6% a un 7.12 por ciento. El Gobierno habla de una economía estable y en crecimiento, pero deja fuera el tema de la distribución, porque su compromiso es con la clase dominante.

El abandono, la desigualdad y la exclusión, son el sello. El balance corresponde, pues, no solamente a una gestión gubernamental, sino a todo un sistema político decadente y autoritario en esencia.

No es casual que la discusión actualmente sea la conveniencia o no de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La mal llamada oposición electoral, que es el otro punto de apoyo del espectáculo politiquero, quiere garantizar la austeridad en el gasto gubernamental a través de un acuerdo con el FMI, mientras el Gobierno quiere tener menos ataduras para el gasto en tiempos de campaña electoral cuando el Presidente de la República pretende reelegirse.

Miguel Vargas Maldonado habla en nombre de los grupos empresariales que financian su campaña. Y se pronuncia por un acuerdo con el FMI. Luego se traslada a barrios y municipios, promete obras y ayuda y hasta reparte algunas dádivas.

La estafa y la demagogia se advierten tan claramente en su definición y en la de Leonel Fernández, que no han podido protestar ante el hecho de que el sistema los obligue a compartir la condición de candidatos con Amable Aristy Castro, quien no tiene reparo en presentarse como repartidor de papeletas, aunque ha invertido una buena cantidad de dinero en el afán por despojarse de otros calificativos.

Se les hace imposible permanecer atados a un sistema y ocultar el sello que ese mismo sistema les imprime. Son "liderazgos" que resultan del atraso y de la podredumbre y sólo en esa situación pueden mantenerse.

Con las mismas ataduras y como resultado de los mismos amarres se forman los gabinetes gubernamentales. Por eso, en el gobierno que encabezó Hipólito Mejía y en el actual, han sido escasas las remociones de funcionarios, y quienes presentan como políticas acciones que en realidad son politiqueras, predicen cambios, mencionan nombres, y luego hacen análisis de lo que ocurrió o de lo que se esperaba.

Las remociones son escasas porque los gabinetes se forman a partir de negociaciones. En el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) las remociones respondieron a la necesidad de acomodar cuadros y de aplicar el premio y el castigo para mantener a la fuerza ciertas "lealtades". Joaquín Balaguer, el maestro de la manipulación, hacía remociones para liberarse de culpas en la cuenta de la impunidad. Hacía casi invisibles (temporalmente) a los protagonistas de grandes escándalos (vinculados a muertes y a peculado) y cambiaba de lugar a los afectados por ciertos rumores.

Hoy, cuando el Estado tiene más requerimientos y paga sueldos millonarios, Leonel Fernández, como su antecesor Hipólito Mejía, sencillamente deja en sus puestos a los funcionarios con los cuales tiene compromisos (en la Policía y en la Marina cambió para lo peor de lo peor, pero el de las lealtades de uniforme es otro tema), y hay algunos que, a través de plumas pagadas, le "recuerdan" que han invertido en su imagen durante cierto tiempo. Es el colmo del descaro, pero es cierto.

Ya se inició el cuarto año del actual Gobierno, y se resbala sobre el mismo lodo. Compra de lealtades, obligatorio cumplimiento del pacto de impunidad, austeridad sólo para las mayorías, exclusión y abandono. En el balance, ahora y en otro momento, figura ese cuadro de podredumbre... Y también las cirugías interrumpidas y los niños muertos... Deudas que no podemos ni debemos condonar... ¿Amén?

Fuente Original: http://elnacional.com.do/article.aspx?id=24930