Escrito por: LILLIAM OVIEDO
El fiscal del Distrito Nacional, el jefe de la Policía y el presidente de la República, igual que los ex fiscales y los ex presidentes que permanecen activos, deben ser emplazados por los sectores más conscientes de la población para que expliquen en qué medida han contribuido a crear y mantienen en las instituciones dominicanas la tradición de utilizar la fuerza en contra de los sectores desposeídos y tratar con lenidad el delito de cuello blanco y las más viles acciones cometidas en ejercicio de la coerción de clase.
Sólo palabrería y falsas promesas puede dar como resultado el montaje del falso diálogo convocado por el presidente Leonel Fernández para el 28 de enero con el propósito de atraer a algunos sectores y neutralizar a otros.
Es momento de explicar por qué razón los organismos represivos del Estado se activan contra los desposeídos violando toda ley y desconociendo toda norma.
El pasado 6 de enero, las autoridades de Migración deportaron a más de 500 haitianos indocumentados que ocuparon el templo en que oficia el sacerdote Regino Martínez y el director de Migración, el ex jefe de la Policía José Aníbal Sanz Jiminián (quien encabezó una gestión en la que hubo muchas ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la muerte “por error” de un sacerdote), amenazó con someter a la Justicia al sacerdote por violar la Ley de Migración.
¡Probada eficiencia cuando se trata de aplicar la fuerza a quienes no están en capacidad de dirigir cartas al Presidente de la República para hacer que despierten en él la “compasión” y la caridad cristiana! La ex banquera Vivian Lubrano, condenada por los tribunales por su vinculación en la quiebra fraudulenta del banco Baninter sí logró inspirar al gobernante, quien la favoreció con un indulto.
Tampoco encontraron voz los más de 500 jóvenes (delincuentes, sospechosos o simplemente presentes en lugares a los que jamás debieron acudir) muertos el año pasado por patrullas de la Policía.
El secretario de Estado de Interior y Policía Franklin Almeyda Rancier, dirigente fundador del Partido de la Liberación Dominicana hoy bajo las órdenes del presidente Leonel Fernández, responde diciendo que han sido intercambios de disparos en las calles, con las patrullas que vigilan las ciudades.
Intenta con ello convencer a la población de que dentro de la Policía no existen grupos encargados de ejecutar o mutilar personas. Así, se libera a sí mismo y libera al presidente Fernández de responsabilidad política y, claro, limpia la imagen del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, único jefe policial con cuya gestión dice haberse identificado.
Pierde de vista, sin embargo, que sus declaraciones sólo causan indignación y vergüenza.
Otro escándalo es el que causó la ejecución múltiple en el parque Mirador el 30 de diciembre. El informe de Patología Forense revela que los disparos que segaron cinco vidas fueron hechos a quemarropa o desde posiciones que indican que las víctimas no estaban en capacidad de agredir a los agentes.
Y habla el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra. Dice que “pudo haber algunos niveles de exceso por parte de los agentes”. ¿Desde cuándo es la acción de matar un simple exceso en el cumplimiento de la función policial y no un crimen abominable? Es evidente que el fiscal intenta liberar de responsabilidad a la institución y sus altos mandos.
Estos casos constituyen sólo algunas muestras de que el presidente y sus funcionarios ponen sello de legalidad al abuso y cumplen el pacto de impunidad del delito de Estado, al que están adheridos desde que, en la década de 1990 y desde la oposición, pactaron con el balaguerismo. Ellos están comprometidos con la coerción de clase como recurso para mantener la estabilidad social mientras crece la injusticia.
Lo que se debe discutir, pues, el día 28 o en una fecha todavía más cercana, es cómo sacar cuentas a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, y a otros funcionarios y ex funcionarios, por orientar hacia el abuso y el encubrimiento de horrendos crímenes la acción del Estado. No alcanzan para ocultar esto las mentiras fabricadas en los despachos instalados para ello.
Fuente: http://elnacional.com.do/opiniones/2009/1/17/5032/Crimen-impune-y-abuso-recurrente
