POR Sara Pérez
READING, PA.- Euclides Gutiérrez Félix, dirigente del PLD, en premio a lo cual es director de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, declaró en el programa Uno + Uno, que dirige Juan Bolívar Díaz, que él tiene una “nominilla” en la dependencia estatal bajo su imperio, mediante la cual distribuye lo que él dice que son entre 300 y 400 mil pesos al mes.
Defendiendo las prácticas del clientelismo político, que tanto daño han hecho y hacen al país y mediante las que los partidos en el gobierno, constituidos en asociaciones de malhechores, sustraen el dinero del Estado para pagar las simpatías, aplausos, votos y babas de gente reducida por sus caritativos benefactores a la condición de parásitos, el funcionario explicó que tiene una nómina de “ayuda” para personas sin trabajo, (léase botellas de su partido) y para quienes que él llamó “personalidades importantes del país”.
A los agraciados los seleccionó según sus ganas y caprichos, para que vivan de la caridad gubernamental, repartida desde una institución del gobierno, en la que se supone trabaja por el buen funcionamiento de los seguros dentro de las políticas financieras del país y no haciendo donativos con dinero que no es suyo, ni está destinado a esos fines.
El caso está lejos de ser por sí mismo el más relevante, ya que el presidente Fernández distribuye el tipo de cargo que ostenta Euclides, entre personajes a los que él no quiere darles mucha preeminencia, pero a los que hay que mantener entretenidos en pequeños feudos , sin soltar demasiada soga. Eso, bajo el principio de que a los enemigos hay que tenerlos cerca, para vigilarlos mejor.
A pesar de lo limitado del muestreo, se trata de un buen botón, representativo de lo que mostró y probó y denunció Nuria Piera en su programa, con los peledeístas repartiéndose los recursos públicos como dulces de una piñata y de la clase de conceptos y mayúsculos desórdenes y descontroles que priman en la administración pública, empezados por los presentes en los discursos y ejecutorias del presidente Fernández, cuyas reparticiones de prebendas y sobornos en medio de la actual campaña, son una inundación equiparable al catastrófico desagüe de la presa de Tavera, símbolo de la ineptitud de su gobierno y episodio que a pesar de lo reciente, doloroso y dramático, ya nadie habla.
Hace unos días, coincidiendo con Euclides y bajo argumentos similares, Fernández justificaba sus botellas y el mismo PLD, como organización política, ha tenido el descaro de defender las nominillas sustentadas con fondos públicos, apelando a la prerrogativa presidencial para hacer nombramientos, sin reparar en que la misma es para hacer los nombramientos necesarios de personal calificado que garantice el buen funcionamiento del Estado.
Ni el presidente ni Euclides, ni nadie, tiene derecho a hacer nombramientos con fines electoreros y como premios políticos, en desmedro del bienestar y la institucionalidad del país.
Cualquier gobernante o funcionario que justifique las botellas con las precariedades y miserias de su pueblo, está admitiendo su ineptitud en la implementación de las iniciativas y reformas pertinentes para que la gente, (gente en sentido general y en igualdad de condiciones, no grupos privilegiados por nepotismos, tráficos de influencias y deudas políticas), pueda integrarse dignamente al sector productivo y pueda vivir sin andar vivaqueando políticos corruptos, sin integridad y sin formación social ni política para entender que un Estado no puede funcionar como un colmadón de esquina.
¿Para qué creerán ellos que sirve un gobierno? ¿Alguna vez habrán oído mencionar la palabra institucionalidad?
¿Quién le dijo a Euclides, al presidente Fernández o a quien sea, que ellos tienen potestad para agraciar turbas de botellas ni de las verdaderamente menesterosas a las que sobornan dándoles favores a cambio de los derechos, dignidad y justicia que les quitan ni de las que andan por las oficinas públicas como si fueran cepillos de iglesia, reclamando tributos cuya justificación y destino nadie fiscaliza, ni de las que acumulan fortunas con múltiples salarios fastuosos?
¿Quién le ha dicho a esos políticos retrasados, que ellos tiene potestad para decidir alegremente cuáles “personalidades importantes” deben mantenerse con fondos del Estado, a través de la nómina de la Superintendencia de Seguros o de cualquier otra institución del Estado? ¿Cómo es que esta gente, que preside un gobierno alegadamente democrático y en un estado de derecho, no se ha enterado de que todos los ciudadanos de un país son “personalidades importantes” para los funcionarios públicos que son sus empleados y deben representar a la población, desde el más humilde de sus integrantes hasta el más encumbrado? ¿Con qué derecho hacen discriminaciones que descalifican a la mayoría y privilegian a sus conmilitones?
¿Cuáles son sus nociones de ética en la administración pública? ¿Cómo se creerán que se desarrolla un país? ¿Hasta dónde van a llegar la decrepitud ética en la administración pública? ¿Hasta dónde va a llegar la tolerancia, la ceguera y los paños tibios ante estos gobiernos crónicamente infuncionales, incapaces de corregirse y reivindicarse un poco a sí mismos? ¿Hasta cuándo pretenderán que un cargo público es un cheque en blanco? ¿Qué demonios es lo que esta gente se cree?
cleo264@yahoo.com
domingo, 6 de abril de 2008
Inocultable degeneración
POR LILLIAM OVIEDO
Cuando genera comentarios de cierto alcance una denuncia sobre mal manejo de fondos del Estado, el presidente Leonel Fernández convoca un encuentro con los directores de medios de comunicación. El candidato del Partido Revolucionario Dominicano, por su parte, a las denuncias de que tiene vínculos comerciales con grupos o personas procesables o de que ha participado en transacciones a las que no se puede poner el sello de lícitas, hace un tiempo no respondía, y ahora, al final del proceso electoral, responde revelando datos biográficos y ofreciendo declaraciones en las cuales presenta como bendición divina la acumulación de capitales y la posesión de riquezas… Son recursos para evadir el cuestionamiento. Intentan mantener el espectáculo electorero sin asumir un compromiso real con las mayorías.
Demagogia y ausencia de principios son elementos definitorios de ambos candidatos, actores principales de una aborrecible farsa.
Con las explicaciones que ofrece a los medios de comunicación y el efecto propagandístico que puedan surtir las obligadas crónicas sobre un encuentro en el cual el Presidente trata temas muy polémicos, Leonel Fernández intenta disimular con poses y palabrería el hecho innegable de que el Gobierno ha sido incapaz de superar viejas prácticas, ilegales y sucias por demás, definitorias de la corrupción.
Miguel Vargas, al hablar de sus caudales, evita referirse al papel que han jugado en su posicionamiento en el esquema de poder y evade hablar de sus relaciones con los sectores rancios de la derecha, los grupos que financian las campañas, imponen la permanencia de los privilegios y dirigen hacia donde consideran conveniente el influjo manipulador del Estado.
Como no puede dejar de hablar de proyecto de Estado, se refirió recientemente a la privatización. Dijo que no es aceptable que el Estado controle una porción importante del sector eléctrico, que debe estar en manos privadas. Se retrata como más de lo mismo, pero tiene que cumplir con los sectores a los cuales, por la fuerza de los hechos, pertenece.
La calificación de oposición electorera es todavía eufemística para un grupo que conserva lo peor de la tradición balaguerista y hasta del tenebroso pasado trujillista, y el calificativo para un candidato comprometido a preservar la impunidad para las peores prácticas y a validar el desprecio por la ética y los principios, es mejor no pronunciarlo, aunque implique parecer soez sólo por decir lo cierto.
De Leonel Fernández, hay que decir que si no se puede describir su trayectoria política sin mencionar el mal llamado Frente Patriótico en el cual selló su alianza con Joaquín Balaguer y lo peor de su claque, tampoco es posible definirlo como gobernante sin señalar que valida el clientelismo como recurso para mantenerse en el poder. Da asco, pero es cierto.
Su apego a esta práctica ha puesto en su boca frases infelices como la que pronunció en el año 2005 (a propósito del escándalo por el derroche de recursos en el Programa Eventual Mínimo de Empleo, PEME) de que tuvo que elegir “pagar o matar”, y argumentos ridículos e inescrupulosos como el de que las botellas han existido en todos los gobiernos. Este último lo pronunció en el almuerzo que ofreció el pasado lunes a directores de medios de comunicación.
Nada más podría esperarse de un político que preside un gobierno apegado a la tradición autoritarista: con una Policía que realiza ejecuciones extrajudiciales sin ocuparse siquiera de hacerlas parecer otra cosa, con funcionarios corruptos colocados fuera del alcance de la Justicia, con colaboradores que no economizan al Estado gasto alguno para ostentación y marchas… Nada más podría esperarse de ese político, sobre todo después que dijo, en el almuerzo del pasado lunes, que él no compra lealtades… ¿Hace falta comentarlo?
No es posible envolver en poses propagandísticas tanta podredumbre… De una oferta electoral que tiene a Leonel Fernández y Miguel Vargas como sus dos elementos principales, sólo se puede decir que es insultante…
Cuando genera comentarios de cierto alcance una denuncia sobre mal manejo de fondos del Estado, el presidente Leonel Fernández convoca un encuentro con los directores de medios de comunicación. El candidato del Partido Revolucionario Dominicano, por su parte, a las denuncias de que tiene vínculos comerciales con grupos o personas procesables o de que ha participado en transacciones a las que no se puede poner el sello de lícitas, hace un tiempo no respondía, y ahora, al final del proceso electoral, responde revelando datos biográficos y ofreciendo declaraciones en las cuales presenta como bendición divina la acumulación de capitales y la posesión de riquezas… Son recursos para evadir el cuestionamiento. Intentan mantener el espectáculo electorero sin asumir un compromiso real con las mayorías.
Demagogia y ausencia de principios son elementos definitorios de ambos candidatos, actores principales de una aborrecible farsa.
Con las explicaciones que ofrece a los medios de comunicación y el efecto propagandístico que puedan surtir las obligadas crónicas sobre un encuentro en el cual el Presidente trata temas muy polémicos, Leonel Fernández intenta disimular con poses y palabrería el hecho innegable de que el Gobierno ha sido incapaz de superar viejas prácticas, ilegales y sucias por demás, definitorias de la corrupción.
Miguel Vargas, al hablar de sus caudales, evita referirse al papel que han jugado en su posicionamiento en el esquema de poder y evade hablar de sus relaciones con los sectores rancios de la derecha, los grupos que financian las campañas, imponen la permanencia de los privilegios y dirigen hacia donde consideran conveniente el influjo manipulador del Estado.
Como no puede dejar de hablar de proyecto de Estado, se refirió recientemente a la privatización. Dijo que no es aceptable que el Estado controle una porción importante del sector eléctrico, que debe estar en manos privadas. Se retrata como más de lo mismo, pero tiene que cumplir con los sectores a los cuales, por la fuerza de los hechos, pertenece.
La calificación de oposición electorera es todavía eufemística para un grupo que conserva lo peor de la tradición balaguerista y hasta del tenebroso pasado trujillista, y el calificativo para un candidato comprometido a preservar la impunidad para las peores prácticas y a validar el desprecio por la ética y los principios, es mejor no pronunciarlo, aunque implique parecer soez sólo por decir lo cierto.
De Leonel Fernández, hay que decir que si no se puede describir su trayectoria política sin mencionar el mal llamado Frente Patriótico en el cual selló su alianza con Joaquín Balaguer y lo peor de su claque, tampoco es posible definirlo como gobernante sin señalar que valida el clientelismo como recurso para mantenerse en el poder. Da asco, pero es cierto.
Su apego a esta práctica ha puesto en su boca frases infelices como la que pronunció en el año 2005 (a propósito del escándalo por el derroche de recursos en el Programa Eventual Mínimo de Empleo, PEME) de que tuvo que elegir “pagar o matar”, y argumentos ridículos e inescrupulosos como el de que las botellas han existido en todos los gobiernos. Este último lo pronunció en el almuerzo que ofreció el pasado lunes a directores de medios de comunicación.
Nada más podría esperarse de un político que preside un gobierno apegado a la tradición autoritarista: con una Policía que realiza ejecuciones extrajudiciales sin ocuparse siquiera de hacerlas parecer otra cosa, con funcionarios corruptos colocados fuera del alcance de la Justicia, con colaboradores que no economizan al Estado gasto alguno para ostentación y marchas… Nada más podría esperarse de ese político, sobre todo después que dijo, en el almuerzo del pasado lunes, que él no compra lealtades… ¿Hace falta comentarlo?
No es posible envolver en poses propagandísticas tanta podredumbre… De una oferta electoral que tiene a Leonel Fernández y Miguel Vargas como sus dos elementos principales, sólo se puede decir que es insultante…
El ventajismo político del presidente Leonel Fernández y el PLD
Con el pago a sus dirigentes de base el PLD ha recibido un 36 por ciento más que todo el financiamiento del Estado a los partidos en sus once años de vigencia.
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, DN/República Dominicana.-Ante la evidencia de la nómina de pagos a los dirigentes de base del Partido de la Liberación Dominicana por diversas entidades del Estado, el presidente Leonel Fernández la dio por hecho y la defendió esta semana con tradicionales argumentos políticos, carentes de fundamento legal.
La llamada "Nómina CB", o nominilla, da cuenta de que se ha estado pagando salarios de tres y cuatro mil pesos a 42 mil 434 presidentes de comités de base con monto mensual de 143 millones 600 mil pesos, que en tres años ha implicado más de 5 mil 152 millones de pesos.
Ese privilegio a favor del partido de gobierno en magnitud sin precedente conocido choca con principios constitucionales y con la ley electoral que prohíben expresamente aprovechar el poder del Estado para beneficio de particulares y relacionados y se ha constituido en el peor escándalo de la campaña electoral.
Evidencias apabullantes
El reportaje televisivo de la periodista Nuria Piera sacudió la campaña electoral, al mostrar paquetes de cheques que eran entregados a dirigentes de base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Las reacciones oficiales fueron contradictorias, unos lo negaban mientras otros lo justificaban, llegándose a sostener que se trataba de pagos por trabajos realizados por las emergencias impuestas por los fenómenos atmosféricos de noviembre y diciembre pasado, aunque luego se ha aceptado que esos pagos se hacen desde el 2005.
Pero la posterior aparición de cientos de páginas fotocopiadas de nóminas, listas con las firmas de los beneficiarios, recomendaciones, sustituciones y cheques con fechas del 2006 y 2007, no dejan dudas de la magnitud de la ocurrencia.
Muchos han considerado que se trata de las criticadas prácticas de los partidos dominicanos de repartir el patrimonio público entre sus dirigentes, militantes y relacionados. No hay memoria de una documentación similar en el clientelismo y la corrupción política nacional.
No se trata de las decenas de miles de parciales que todos los gobiernos designan en cargos públicos. Tampoco de las empleados temporeros contratados para labores de ornato o limpieza, sino de retribución a los presidentes de sus comités de base, por el simple hecho de serlos, sin una función pública.
En la documentación disponible hay cartas con logo, sellos y firmas de dirigentes intermedios que acreditan ante organismos del Estado a los presidentes de Comités de base para que reciban mensualmente cuatro mil pesos en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo y Santiago, y tres mil pesos en el resto del país. Hay cartas a los pagadores incluso comunicando sustitución de dirigentes.
Resumen contundente
En el legajo de papeles hay una prueba demostrativa del nivel de "normalidad" que ha adquirido la distribución de los fondos públicos entre los asociados políticos. Se trata de un "Resumen de los Presidentes de Comités de Base por Provincias, Municipios y Circunscripciones", bajo el nombre y lema del PLD.
En cada jurisdicción, incluidas las circunscripciones, aparece el número de presidentes de comités de base y el sueldo que se le asigna. Se ofrecen los totales por municipios y provincias y los organismos donde se les paga. Muchos municipios reciben pagos de diversas entidades estatales. En el cuadro anexo sólo se consignan las provincias, por razones de espacio.
Los pagos se han venido realizando a través de las secretarías de Agricultura y Obras Públicas, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, el Instituto Nacional de Aguas Públicas y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
El resumen abarca 11 páginas y en la última aparece el total de 42 mil 434 presidentes de comités de base beneficiarios, con un monto mensual de 143 millones 120 mil pesos, equivalentes a mil 717 millones 440 mil pesos por año.
Si el programa opera desde el 2005, como aceptó el presidente Fernández en su conversación del 31 de marzo con directores de medios de comunicación, el gobierno ha destinado en tres años 5 mil 152 millones 320 mil pesos para beneficio de dirigentes de base del PLD.
Para tener una idea del ventajismo político de este programa, basta considerar que su monto supera en 36 por ciento los 3 mil 778 millones de pesos que se ha entregado a la totalidad de los partidos en los once años que lleva el financiamiento instituido en la ley electoral a partir del 1998, incluyendo el actual 2008.
Para este año de elección presidencial el financiamiento legal a todos los partidos será de mil 60 millones de pesos, apenas el 60 por ciento de lo que reciben en un año los presidentes de comités de base peledeista, sin que ninguna ley lo haya autorizado.
Penosa justificación
(Descargue lista de peledeístas en nóminas CB)
Resultó penoso que en su encuentro con directores de medios el presidente Leonel Fernández defendiera esos pagos, ante la contundente evidencia de la nómina, cuando le fue presentada después de haberla negado. También que sostuviera que esos pagos no tienen incidencia alguna en la posición de su candidatura y partido.
Cuando se le argumentó que un documento como ese en la campaña electoral de una democracia como la española, hubiera provocado la pérdida de la elección al partido gobernante y hasta la caída del gobierno, Fernández consideró que "aquí el gobierno se cae cuando no pueda incorporar a gente de la sociedad a algún mecanismo de supervivencia".
El candidato a la reelección se explayó en consideraciones legales para rechazar la procedencia de la disposición de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), ratificada por el pleno de jueces del organismo para que el gobierno suspenda todo pago que no sea de las nóminas regulares.
La defensa de ese extremo del clientelismo y el ventajismo político a costa del patrimonio público contrastó una vez más con su discurso de modernización e institucionalización de la sociedad dominicana, con las críticas que en el pasado él y su partido hacían a los gobiernos de turno, y con los principios que enarbolaba el partido que fundara el profesor Juan Bosch.
El presidente Fernández lució atrapado en el pragmatismo político que ha caracterizado el reeleccionismo en la historia nacional y que él y su partido criticaron acremente cuando tuvieron efecto en las campañas reeleccionistas de un presidente de comienzo del siglo pasado como Joaquín Balaguer, o hace cuatro años por parte del presidente Hipólito Mejía.
Del orden jurídico
Aunque el consultor jurídico del gobierno y delegado ante la JCE, César Pina Toribio, había declarado la semana anterior que acatarían la disposición del organismo rector de los comicios, sorprendió que el miércoles él mismo elevara una instancia ante la Suprema Corte de Justicia para invalidarla, amparándose en las facultades que otorga la Constitución al Presidente de la República.
Aunque el artículo 55 establece un amplio presidencialismo, el 92 da facultad a la JCE "para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley". El 102 dispone sanción para "las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados". El 110 "condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos".Y el 113 indica que "Ninguna erogación de los fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente".
La decisión de la Cámara Administrativa de la JCE se fundamenta en el literal d, artículo 6 de la Ley Electoral que le faculta a "disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral…a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías".
El artículo 47 de la misma ley es específico en prohibir a los partidos y sus dirigentes, militantes o relacionados "beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas o sostenerse, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley". Añade que la JCE "tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado".
Aparte de la competencia democrática, lo que parece estar en juego en la actual campaña electoral es el estado de derecho de la sociedad dominicana.-
Fuente del Articulo: http://clavedigital.com/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=13351
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