El director de la FLACSO asegura que la batalla contra la corrupción ha fracasado y llama a reestructurar los organismos de prevención
SANTO DOMINGO. El Estado dominicano invierte al año más de RD$944.6 millones en organismos llamados a fiscalizar, prevenir y combatir la corrupción, en cuya lucha sólo se han logrado sanciones pírricas que han puesto en tela de juicio su accionar.
El hecho de que estamentos como la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y la Comisión Nacional de Ética Pública, trabajen para frenar el dispendio del erario con muy pocos resultados, está generando escepticismo y la percepción de que se actúa con un trasfondo político.
La situación obedece a que manejan fondos, disponen de un amplio personal y de todas las estructuras para desempeñar su rol en la lucha anticorrupción, pero las estadísticas muestran cifras insignificantes y debilidades.
Del 2004 al 2007, no fue mucho lo que hizo la DPCA, pues de 263 casos, sólo remitió a la justicia 16 expedientes; 83 fueron archivados, 8 declinados y 3 sobreseídos. Al 26 de julio del 2007 tenían abiertas 153 pesquisas, muchas de ellas concernientes a los 107 expedientes heredados de la gestión de Hipólito Mejía.
Con un presupuesto en el 2008 de RD$32,330,289, este estamento es el encargado de diseñar y ejecutar políticas de prevención y lucha contra la corrupción, así como de promover la ética y transparencia en la gestión pública, mediante la implementación de planes educativos en la materia. También tiene bajo su responsabilidad investigar la corrupción, contribuyendo a preservar el patrimonio público, coordinando con los sectores y actores involucrados para fortalecer el estado de derecho, la democracia y la justicia social.
Esta institución fue creada mediante el decreto 322-97 con el nombre de Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa y establecida como dirección también por decreto el 3 de julio del 2007.
Cámara de Cuentas
Está encargada de proteger el patrimonio del Estado, fiscalizando la gestión de los administradores de los recursos públicos y rendir informes a la nación, para lo cual dispone de un presupuesto de RD$423,861,897.
En 17 meses que tienen trabajando los 9 jueces que actualmente integran el organismo fiscalizador, sólo han realizado 10 experticios contables y se han auditado RD$294 millones de los 235 mil millones que maneja el Gobierno.
En la actualidad, los jueces del principal organismo fiscalizador del país son investigados en la Cámara de Diputados por alegadas irregularidades en sus funciones.
Entre sí se han lanzado graves acusaciones, como es la imputada al presidente del organismo, Andrés Terrero, a quien le atribuyen haber fracasado en el cargo y de no haber dado "pie con bola" con ninguna de las auditorías.
Además, aducen mala gerencia, un déficit mensual de cientos de miles de pesos y lo acusan de manejar de manera oculta un fondo de un organismo internacional.
Las pesquisas de los diputados han arrojado que los llamados a velar por los recursos del Estado desde que asumieron el cargo sólo se han preocupado por aumentarse el sueldo y sacar provecho para beneficio personal. Se ha llegado a hablar de nepotismo y hasta de chantaje.
Contraloría
Es una dependencia de la Presidencia de la República que maneja una asignación presupuestaria de RD$454,291,907 para la realización de auditorías especiales y revisiones de los registros de contabilidad de las entidades y organismos del Gobierno central, ayuntamientos, entidades descentralizadas y autónomas, y de cualquier persona física o jurídica que administre o maneje fondos y bienes públicos
Comisión Ética Pública
Con un presupuesto de RD$34,201,008.78, tiene la misión de articular y garantizar la ejecución de las estrategias, tanto del sector público como privado dirigidas al incremento de la transparencia y de la ética pública, tratando de eficientizar la lucha contra la corrupción, mediante el desarrollo y monitoreo de planes concertados que contribuyan al fortalecimiento del Estado democrático, la competitividad y la integridad moral del pueblo dominicano.
También deben asesorar al Poder Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción y fomento de la ética y la transparencia.
De opinión
Según el jurista Olivo Rodríguez Huertas, la República Dominicana carece de un sistema efectivo para el combate a la corrupción, lo que obedece a factores de índole institucional y a la ausencia de una clara voluntad política.
"Es necesario un diseño constitucional que garantice idoneidad técnica e independencia en los órganos del Estado con incidencia en este tema. Me refiero a la ubicación del Ministerio Público dentro del Poder Ejecutivo, lo que debe transformarse para convertir al Ministerio Público en un órgano constitucional extra poder", apuntó.
Asimismo, considera necesario un nuevo diseño constitucional para la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que sus miembros son escogidos de ternas elaboradas por el Poder Ejecutivo, y esto, según dice, históricamente ha impedido contar con un organismo independiente e idóneo.
Cambios en la política de prevención
En voz de Francisco Cueto, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), encontramos la teoría de que la batalla contra la corrupción ha fracasado en el país.
A su juicio esas dependencias deben ser reestructuradas, porque tienen muchas deficiencias y puntos neurálgicos como son la falta de voluntad política, designaciones provenientes del Poder Ejecutivo y la precaria capacidad de sus actores.
Para el politólogo, los nombramientos de los funcionarios anticorrupción deberían estar a cargo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a fin de evitar que el Poder Ejecutivo se convierta en juez y parte en cualquier proceso.
"El problema es que actualmente quien designa y tiene la función de sacar el expediente es también representante del Poder Ejecutivo", enfatizó.
Sostiene que se hace imperativa la aplicación de la Ley de Función Pública, "pues hasta que no tengamos funcionarios de carrera es muy difícil que se pueda combatir la corrupción, los funcionarios deben ser designados por su capacidad y no por favores políticos".
También entiende que la ciudadanía debe ser más activa y hacer que el Estado cumpla con su función de proteger sus intereses.
los casos
Entre los expedientes concluidos por los investigadores de la DPCA y remitidos a la Justicia se encuentran: el Plan Renove, el de los invernaderos, los bonos soberanos de la CDEEE, el de Yorman Solano Vásquez, ex director de la Oficina de Desarrollo Fronterizo, las turbinas compradas por la Fuerza Aérea Dominicana, el del departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Hacienda.
También están los casos de la ex directora del departamento de Relaciones Internacionales de la antigua ONAP, Elsa Josefina Cos Zaiter; de la ex tesorera de Migración, Dominga Fabiola Henríquez Herrera, y otros más.
Fuente: http://www3.diariolibre.com/noticias_det.php?id=21023
