domingo, 11 de enero de 2009

Antes en silencio…

Escrito por: LILLIAM OVIEDO

El presidente Leonel Fernández guardó silencio ante documentadas denuncias de corrupción, así como ante el hecho de que decenas de jóvenes son baleados en las calles por patrullas de la Policía Nacional. No ofreció explicación alguna después del del escándalo que generó la vinculación de altos oficiales militares y policiales con el asesinato en Paya, Baní, de 7 narcotraficantes. Convencido de que su silencio contribuiría a diluir estos escándalos, en su discurso del 8 de diciembre no hizo mención de estas manifestaciones de podredumbre. Hizo promesas y dijo que con la compra (nada transparente, por cierto) de los aviones Super Tucano y con un mayor esfuerzo de la Marina de Guerra, serían resguardados el espacio aéreo y el espacio marítimo, mientras la Policía vigilaría con celo las calles. En resumen, siguió callando lo esencial.

El martes 30 de diciembre, sin embargo, en rueda de prensa organizada por sus asistentes, intentó justificar (con infelices argumentos, como pudo notarse) su decisión de indultar a la ex banquera Vivian Lubrano, condenada por participar en la quiebra fraudulenta del banco Baninter, y a 4 de los condenados por desfalco en el proyecto de transporte llamado Plan Renove.

El pasado viernes, en entrevista concedida al periodista Huchi Lora, lamentó la vinculación con la matanza de Paya de tantos oficiales de la Marina y dijo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional requieren ser sometidas a un proceso de depuración.

¿Descubrió recientemente esta necesidad? ¿Se fortalecieron en estos días sus principios democráticos?

Nada de esto puede ser cierto. Sencillamente, vio la necesidad de decir a los sectores medios y altos de la población que pueden seguir confiando en él como dirigente.

Intenta limpiar su imagen. Por eso, promete extraditar a quienes hayan sido socios del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, procesado en Estados Unidos tras ser apresado aquí por tráfico de drogas, y habla de depuración en las Fuerzas Armadas y en la Policía como si no hubiesen sido nombrados por él los oficiales represivos y con antecedentes nada hermosos que hay en esos cuerpos, incluyendo, claro está, al jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín. ¿Para qué, si no para aumentar el número de ejecucioes y mutilaciones de jóvenes fue colocado en este cargo? Leonel Fernández no puede alegar ignorancia.

Pero ocurre que la brutalidad policial no sólo llega a las capas medias con hechos aislados sino que ha tomado como víctimas en los últimos días a jóvenes hijos de catedráticos y de comerciantes, y es en las capas medias donde el Partido de la Liberación Dominicana (como proyecto de partido hasta 1990 y como grupo politiquero después de ese año) ha realizado su labor de propaganda e intenta sustentar su imagen política.

El presidente Leonel Fernández intentó resarcir con algunas frases la ofensa en que se había constituido su silencio.

En lo relativo a la organización institucional, la probada incapacidad de la Suprema Corte de Justicia para dictar sentencias no favorables a instancias de poder, aumenta la desconfianza en las instituciones y también en el Gobierno y sus representantes, puesto que en toda componenda hay dos partes. La Suprema se negó el año pasado a declarar inconstitucional el Concordato firmado por la dictadura de Trujillo con la Iglesia Católica y también el préstamo con la Sun Land (en este caso para no perjudicar al asistente más poderoso de Fernández, Félix Bautista).

El escandaloso indulto del 22 de diciembre, Fernández trató de explicarlo alegando que actuó por compasión y por principio cristiano, porque era peor reconocer que le correspondió cumplir el compromiso que el sistema político como conjunto adquirió con ese grupo, un grupo encabezado por Ramón Báez Figueroa, quien hasta el año 2003 hizo nombrar asistentes presidenciales (civiles y militares) y suministró recursos a partidos, presidentes y ex presidentes.

Llama ahora a una jornada de diálogo cuyo montaje costará al fisco una suma millonaria. Es el costo de falsificar el sello de legitimidad y colocarlo sobre la ilegitimidad. El precio del permiso para llamar democracia a un sistema corrupto, podrido y, para colmo, asesino.
Fuente: http://elnacional.com.do/opiniones/2009/1/10/4325/Antes-en-silencio