SITUACIÓN SE ACERCA A NIVELES CRÍTICOS
El uso de recursos del Estado en la campaña por la reelección presidencial se ha desbordado en tales dimensiones que está siendo progresivamente expuesto por iniciativa de los medios de comunicación, generando una considerable crispación en el liderazgo de los partidos de oposición.
Juan Bolívar Díaz
Los actos de Estado suelen combinarse con actividades de campaña en los cuales se distribuyen dinero y regalos.
Clave Digital.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El anuncio de que tras la semana santa el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) convocará una cumbre de la oposición política para enfrentar el desmesurado abuso de recursos del Estado en la campaña electoral y pronunciamientos recientes de otros sectores indican que la situación está llegando a niveles críticos.
Diversos sectores políticos han llegado últimamente al grado de advertir que no reconocerán legitimidad a un gobierno que surja con tan clara como excesiva utilización del presupuesto nacional, patente en publicidad oficial, subsidios generalizados, pagos de militantes y compra de dirigentes de partidos opositores.
Las persistentes denuncias y pruebas publicadas también por iniciativas de los medios informativos tendrán que obligar a la Junta Central Electoral a salvar la cara por lo menos con un claro pronunciamiento de rechazo a esas viejas prácticas políticas que justifican el anti-reeleccionismo.
Creciente crispación
El uso de recursos del Estado en la campaña por la reelección presidencial se ha desbordado en tales dimensiones que está siendo progresivamente expuesto por iniciativa de los medios de comunicación, generando una considerable crispación en el liderazgo de los partidos de oposición.
El lunes, al comenzar la semana, HOY reprodujo declaraciones del presidente del PRSC, Federico Antún, en el sentido de que "si el presidente Leonel Fernández se reeligiera comprando conciencias, distribuyendo los recursos públicos y destruyendo el sistema de partidos, se le dificultaría gobernar".
Ese mismo día el candidato presidencial del MIUCA, doctor Guillermo Moreno, declaró por Teleantillas que sería ilegítimo un gobierno resultante de tan abrumador abuso de los recursos públicos y que como tal no lo reconocería y que lo enfrentaría.
Seguiría el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, acusando al presidente Fernández de pretender secuestrar la democracia e imponer un partido único.
Tras ser escogido candidato vicepresidencial del mismo partido, el doctor José Joaquín Puello sostuvo que el gobernante ha perdido toda nación de límites en la violación a las leyes y el reparto del dinero que la ciudadanía paga como impuestos, afirmando que ya es un problema ético y moral.
Ya el miércoles el ingeniero Antún anunció que al pasar la semana santa el PRSC convocará a una cumbre de partidos "a fin de establecer acciones en procura de adecentar la campaña electoral, preservar el sistema de partidos políticos y defender la democracia dominicana".
Obligados a dar la cara
Desde principios de mes se viene barajando en sectores de oposición la idea de apelar en conjunto a la Junta Central Electoral (JCE) para que se impongan límites al abuso de los recursos públicos. Una instancia en ese sentido le fue sometida por el PRD el 28 de febrero, pero más de tres semanas después todavía no se ha producido una respuesta.
Es obvio que tratándose de una instancia que busca contención en la campaña electoral, su conocimiento debería ser expedito. Tampoco se ha conocido una respuesta al recurso que le sometió el 11 de febrero el candidato presidencial del Partido revolucionario Independiente, Trajano Santana, pidiendo la intervención del tribunal electoral "para evitar que prosiga la compra de dirigentes opositores por parte del gobierno".
El viernes 14 el juez electoral Eddy Olivares pidió una convocatoria urgente del pleno de la JCE para que conozca las denuncias contenidas en un reportaje televisivo de Nuria Piera donde se expuso con lujos de detalles gráficos el pago a miles de dirigentes del partido de gobierno con sumas de entre 3 y 5 mil pesos mensuales.
La doctora Aura Celeste Fernández, también integrante del tribunal, no dejó dudas de que condenaría la acción. El martes se reunió el pleno de los jueces y dio un plazo de cuatro días al gobierno para que explique lo de la llamada "nómina de los CB" o comités de base peledeistas.
Al dejar constancia de que la JCE tiene facultad para establecer límites y hasta disponer incautaciones, su presidente el doctor Julio César Castaños dio un paso adelante el lunes 17 al pedir que la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana del Transporte incauten los vehículos que son utilizados en la campaña electoral sin la placa de identificación correspondiente.
Desde hace varias semanas se denuncia que para evadir responsabilidades quitan las placas a vehículos oficiales que son utilizados en la campaña electoral. En otros casos les colocan placas de vehículos privados. El doctor Castaños no solo dijo haber recibido denuncias sino que agregó que "yo propiamente he visto".
Las denuncias ya no parten sólo de los partidos, sino que también son expuestas por los medios de comunicación. Además del reportaje de Nuria, Diario Libre del 13 de febrero publicó que los pagos de la "nominilla CB" continuaron en la Plaza Dorada de Villa Mella, en un reportaje donde presentó decenas de vehículos con placas privadas cuando eran provistas de combustibles en el patio trasero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, uno de los organismos señalados en el reportaje de Piera. Ese mismo día, El Nacional dio cuenta del pago de la "nómina CB" en La Romana y Santo Domingo Este.
Al entrar en la recta final del proceso electoral, tras el asueto de la semana santa, es obvio que la atención estará centrada en los reclamos de los opositores para que la JCE contenga los excesos que atribuyen al gobierno.
Convicción generalizada
Se ha generalizado la convicción de que el PLD está utilizando abiertamente los recursos del Estado en la campaña electoral, aunque la mayoría no parece dispuesta a denunciarla. No faltan quienes la justifican como una práctica de la política correspondiente a quienes usufructúan el poder.
Pero también hay convicción de que nunca antes se había registrado en proporciones tan elevadas, cuando el gobierno viene invirtiendo un promedio de 184 millones de pesos cada mes en publicidad, en su mayoría de carácter político propagandístico.
Se estima que cerca de 600 mil personas están recibiendo dinero del gobierno a título de ayuda. Los del programa Solidaridad elevados en un mes de 300 a 400 mil. Otros cien mil en el programa "Vamo´arriba" y 50 mil en el recién instituido plan de asistencia a bachilleres. Si se suma la nominilla CB pasarían de 600 mil, con erogaciones de centenares de millones de pesos por mes.
El reciente informe de observación electoral de Participación Ciudadana sostuvo que "El factor más negativo registrado en lo que va del proceso electoral, y aún desde la precampaña para elegir candidatos, ha sido el uso tan desmesurado de los recursos del Estado, incluyendo la incorporación de casi todo el gobierno a la campaña electoral reeleccionista".
Pero el factor que mayor irritación parece generar en la oposición es el financiamiento del transfuguismo político, mediante mecanismos como la designación en cargos públicos, en muchos casos con posibilidades de emplear decenas y cientos de allegados. También mediante contratos y compras por parte de organismos estatales.
El partido que más deserciones ha sufrido es el PRSC, hasta niveles sin precedentes, incluyendo dirigentes de alto nivel, senadores, diputados, síndicos y regidores. Son tantos los casos de los últimos meses que tomaría mucho espacio identificarlos.
Innecesario y peligroso
Entre analistas y observadores políticos existe consenso de que el abuso del poder que se advierte está manchando el proceso electoral, y lo consideran no sólo peligroso para la institucionalidad democrática y la gobernabilidad, sino también innecesario.
Muchos no entienden que un partido de gobierno al que la generalidad de las encuestas atribuye posibilidades de obtener la mayoría en la primera votación, tenga que apelar a abusos tan obvios. Las dos encuestas de más tradición en el país, la Gallup y Penn & Schoen, le otorgaron recientemente a la reelección el 52 y el 56 por ciento de las preferencias, con su más cercano contendiente en 34 y 32 por ciento respectivamente.
La situación es parecida a la que se daba el año pasado en la lucha por la nominación presidencial del PLD, cuando el uso del poder del Estado fue abierto, pese a que el presidente Fernández siempre encabezó las encuestas. Al final no quedó espacio para que su contrincante Danilo Medina lo legitimara como candidato.
En el plano nacional sería mucho peor, pues la crispación mantiene la política en niveles primitivos que impiden la concertación para legislar y gobernar con consensos. Un gobierno surgido de elecciones cuestionadas y bajo cargos de ilegalidades, no es lo que necesitará la nación para enfrentar el desfavorable escenario internacional actual, con el agravante de que le será muy difícil mantener los niveles de repartición del presupuesto nacional que realiza en la actual campaña electoral.
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