lunes, 5 de marzo de 2007

El régimen administrativo y la corrupción

EN LA CONSTITUCION

Por Tirso Mejía-Ricart

Una de las grandes debilidades, quizás la mayor de las que tiene nuestra Carta Sustantiva, es la escasez de normas y límites claros en el ejercicio del poder por parte de las autoridades en el manejo de la Administración Pública.

Así, al espectáculo deprimente que ofrece una burocracia plagada de "botellas" e ineficiencias, fruto del clientelismo extremo y de la virtual inexistencia de un servicio civil y de profesionalización a todos los niveles de la administración pública, se añade el de obras públicas sobrevaluadas e inconclusas, contratadas de manera caprichosa o por intereses personales, de grado a grado, salarios muy elevados para quienes detentan poder y muy bajos para los que nada tienen, inequidad fiscal, viajes y dietas abusivas, pago de gastos personales para los funcionarios, y hasta extorsión, chantaje y prevaricación de parte de las autoridades, empleados, militares y policías.

Por eso se hace necesario que al nivel constitucional se establezcan claramente las normas siguientes:

1. Prohibir la reelección presidencial en períodos consecutivos

2. Posibilidar la revocación del mandato presidencial y de los síndicos mediante referendo popular.

3. Que se establezcan por ley los emolumentos que deben recibir los altos funcionarios, congresistas, síndicos y regidores, de acuerdo a su importancia, sobre la base de un número de salarios mínimos, y que nunca sean por encima de los que percibe el Presidente de la República. Quien quiera más, que ofrezca sus servicios como empresario, sin autoridad en el Estado.

4. Que se castigue con la pérdida de sus cargos a los funcionarios elegidos por sufragio universal: senadores, diputados, síndicos y regidores que incurran en el transfuguismo y el tráfico de influencias y otras formas de corrupción.

5. Que la Ley de Gastos Públicos de la Nación se pueda aprobar con los votos de la mayoría de la matrícula en ambas cámaras legislativas, pero que cualquier modificación sólo sea posible cuando ésta se produzca a iniciativa del Ejecutivo, o por una mayoría de las dos terceras partes de cada Cámara como hasta ahora.

6. Que se establezca el ingreso y permanencia en la administración pública en base a los méritos propios adquiridos en la carrera como servidor público, excepto aquellos cargos y niveles calificados como de confianza o políticos por ley.

7. Que se establezca un Consejo Nacional Económico y Social que estaría integrado por representantes de las entidades territoriales y de los principales sectores políticos, económicos, sociales, comunitarios y culturales del país. Su carácter sería fundamentalmente consultivo.

8. El Estado debe formular periódicamente un plan nacional de desarrollo, el cual comprendería los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional, que sería sometido al Consejo Nacional Económico y Social, y cuyo ejecución sería de carácter obligatorio.

9. Que los miembros de la Cámara de Cuentas sean elegidos libremente por una mayoría de dos terceras partes del Senado, o por el Consejo Nacional de la Magistratura, sin intermediación del Ejecutivo, transfiriendo los asuntos contenciosos administrativos y tributarios a un tribunal especial.

10. Que el contralor de la República sea elegido en cada período de gobierno por el Consejo Nacional de la Magistratura, de una terna que presente la presidencia de la República, para garantizar su independencia pero también una buena relación de trabajo con el jefe de la administración pública.

Creemos que con estas nuevas pautas constitucionales se establecerán las bases para la reducción de la ineficiencia y corrupción administrativa que nos ahogan.

Naturalmente, que a estos cambios constitucionales hay que añadir otras reformas legales y administrativas que detengan el gigantismo burocrático y la corrupción judicial y policial, que las contrataciones y concesiones del Estado se transparenten, al igual que la administración financiera, buscando legal a las nuevas generaciones un Estado más ordenado, justo y equitativo del que padecemos.

Fuente Original: http://elnacional.com.do