LILLIAM OVIEDO
El presidente Leonel Fernández pronunció el 27 de febrero un discurso de campaña. Como discípulo de Joaquín Balaguer y sucesor de Hipólito Mejía, quien hizo lo mismo en el año 2003, nada distinto se podía esperar de él. Imitando a su maestro, desdibujó la dura realidad, la situación de un país donde el 27% de la población padece desnutrición, miles de familias no tienen techo, la educación es de baja calidad y los hospitales públicos carecen hasta de jeringuillas. Pero cabe destacar, no por novedoso sino por repugnante, que presenta como natural e inmutable la desigualdad social, no menciona la injusticia y la corrupción y pretende justificar el entreguismo. ¡Abominable retorcimiento!
Esto se advierte incluso en el anuncio de la única medida aparentemente popular que anunció, que es el aumento (que irrisorio será) en las pensiones a los envejecientes. Nada dice de las lujosas pensiones que disfrutan ex legisladores, ex jueces, y ciertos ex funcionarios y ex empleados medios de secretarías de Estado, sólo porque son protegidos de grupos de poder.
Aunque se produzca el aumento, la pensión que recibe, por ejemplo, un maestro o una maestra de larga data, será 50 veces menor que la que se autoasigna un legislador que mientras está activo recibe pago hasta por asistir a las sesiones.
Pero Leonel Fernández es partidario de ese tipo de privilegios y de esa forma de segmentar los sueldos y salarios. En su primera gestión de gobierno multiplicó por más de tres los sueldos de los altos funcionarios y dijo que no podía disponer un aumento general porque el sector público carecía de recursos y en el sector privado los altos salarios harían disminuir la inversión.
No tiene reparo en aceptar la herencia de Joaquín Balaguer, quien dirigió el proceso de unificación de la clase dominante auspiciando un modelo de acumulación de capital basado en el pago de salarios deprimidos.
La imposición del esquema neoliberal le impide recurrir como medida de contrainsurgencia a formas de paternalismo de Estado que Balaguer sí pudo aplicar, pero resalta los programas de caridad que con enorme costo para el Estado se ejecutan desde la Presidencia de la República y desde el multimillonario Despacho de la Primera Dama. Como hacía Balaguer, utiliza los repartos para propaganda politiquera y específicamente para la campaña reeleccionista.
Al desempleo que abarata el precio de la mano de obra se añade un marco legal que permite el pago de bajos salarios y la ausencia, ahora total, de la facultad del Estado para controlar los precios... Es obvio que el presidente Fernández asume como suyo el paraíso del gran empresariado. Por eso califica al multimillonario Bill Gates como el gran hombre de este tiempo y presenta como panacea el mal llamado tratado de libre comercio (DR-CAFTA) puesto en vigencia para el país por George W. Bush hace cuatro días... Identificación clasista, aunque no esté de moda el término.
De problemas como la violencia en las calles y el tráfico y consumo de drogas, habló como si estuviera en marcha un ambicioso programa para enfrentarlos, cuando en realidad la injusticia y la desigualdad los siguen fomentando.
La pobreza es pretexto para mantener programas de caridad en los cuales mucho dinero va a parar a unos pocos bolsillos y a las mayorías sólo llegan migajas. El caso PEME es un ejemplo que el Presidente quiere olvidar y que involucra a gente de su partido, y hay casos similares cuya impunidad él pactó con su antecesor Hipólito Mejía.
La violencia y las drogas en las calles sirven ahora como pretexto para otras formas de derroche como el gasto millonario en la compra de costosísimas motocicletas para la Policía, y, de paso, Leonel Fernández justifica con ello el entreguismo. Ya "pactó" el patrullaje de las costas del país por la DEA de Estados Unidos, y el 27 de febrero sólo dijo que hace falta la colaboración internacional.
Nada novedoso mostró el Presidente el pasado martes, aunque no se puede negar que exhibió en forma más burda su condición de entreguista y de aspirante a eternizarse en la silla presidencial y su apego a una "democracia" que paga a uno solo de sus funcionarios privilegiados un monto equivalente a la suma de los ingresos de más de 80 trabajadores que perciben el salario mínimo.
Los privilegiados aplaudieron... Esos, los que ya están montados en el Metro. ¿Quién más?
Fuente Original: http://elnacional.com.do
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