ESTUDIO CUESTIONA POLÍTICA SOCIAL RD

"Lo importante para el gobierno es el Metro y la estabilidad macroeconómica”

Rosa Cañete y Olaya Dotel analizan la inversión social realizada por el PRSC, PRD y PLD.

Ana Mitila Lora/Clave Digital
TamaÑo del texto: Aumentar Disminuir Reestablecer

Clave Digital/Archivo.
SANTO DOMINGO, DN.- El modelo económico utilizados por los gobiernos del PRSC, PRD, y PLD profundizan la pobreza en República Dominicana. En consecuencia, las políticas sociales aplicadas solo han servido para dilapidar recursos y profundizar el clientelismo y el asistencialismo, opinan la economista Rosa Cañete y la politóloga Olaya Dotel.

Las investigadoras son las autoras del libro “Política Social en República Dominicana, 1930-2007, ¿Inclusión o asistencialismo?, puesto a circular el pasado miércoles, por el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S. J. Cañete y Dotel analizaron 77 años de historia, desde el surgimiento del marco institucional de las políticas sociales, durante la Era de Trujillo (1930-1961) hasta el actual gobierno del presidente Leonel Fernández.

Según Cañete y Dotel los gobiernos del PRSC, PRD y el PLD ha habido una desvinculación entre la política social y la política económica. Como puntos positivos que marcan ciclos, destacan los Planes de Desarrollo Socio-Económicos realizados durante los gobiernos del PRD (1978-1986), pero que nunca llegaron a aplicarse porque los perredeístas también privilegiaron la inversión en construcciones urbanas.

Las investigadoras resaltan como iniciativas positiva el Plan Decenal de Educación y Procomunidad (1986-1996) implementados durante los Diez Años de Balaguer. Del primer gobierno del PLD destacan la realización del Mapa de la Pobreza y el Plan de reducción de la pobreza Comunidad Digna.

La economista Cañete observa que si bien República Dominicana muestra unas cifras asombrosas de crecimiento económico, su inversión social dista mucho de ese ritmo. “Está claro que en estos dos últimos años de gobierno del PLD la inversión social no es una prioridad. Lo importante para el gobierno es el Metro y la estabilidad macroeconómica.


Rosa Cañete.
C. de la Cruz y P. Holguín

¿Cuál es su balance de política social desde 1930 hasta ahora?

Rosa Cañete: La política social desarrollada no ha intentado para nada modificar el sistema excluyente que existe. Ha sido más bien una política de asistencia a ese modelo excluyente. Hay un modelo general que genera pobreza en grandes cantidades y una política que intenta asistir a esos pobres que crea el sistema, en vez de plantearse la necesidad de repensar el sistema político, social, cultural, económico para que sea incluyente y deje de generar pobreza. El gran dilema que debería plantearse el gobierno es, ¿podemos seguir con un sistema que genera pobreza o hay que ir a la raíz de ese sistema y transformarlo?

¿Para qué sirven las políticas sociales?

Olaya Dotel: Hay una posición de carácter ideológica que marca la definición de los problemas y cómo se abordan. El gobierno o los gobiernos se han planteado que las políticas sociales son para tapar los males y deficiencias que va generando ese modelo económico, y no para garantizar el ejercicio de los derechos socio económicos y culturales de toda la población, desde una perspectiva universalista.

¿Qué proponen?

Rosa Cañete. Lo más importante es el enfoque de la política social. El enfoque debería ser de creación de capacidades en las personas. Es decir, educación, salud, empleo, a partir de ahí si creas capacidades en las personas y le das oportunidades reales para ejercerlas, es un enfoque de derechos. Pero, si priorizan políticas de asistencia frente a políticas universales resulta que las políticas asistencialistas sólo sirven como una forma de mantener ahí a la masa pobre sin que estalle.

Entonces, el modelo no funciona.

Olaya Dotel. En los años noventa se registró un descenso en la tasa de desempleo, pero fue un empleo precario generado en las zonas francas, que no demandaba capacidades intelectuales ni técnicas, por lo tanto, no había una presión hacia el Estado para mejorar la calidad de la educación.

Por eso, cuando las zonas francas empiezan a cerrar esa población que mejoró su calidad de vida, pero que no se capacitó, ni adquirió capacidades adicionales, volvió a su situación de pobreza y vulnerabilidad.

¿Qué significa que en el 2005 se aportaran más recursos al subsidio del GLP y la electricidad que a Educación y Salud?

Rosa Cañete. Evidencia el cortoplacismo con que se manejan las políticas sociales. La mayoría de las políticas sociales tienen impacto a largo plazo. Los frutos de la inversión en educación se recogen a largo plazo. Los gobiernos en República Dominicana han tenido una visión cortoplacista intentando tener resultados inmediatos dentro de su propia gestión.

Se ha perdido la visión de largo plazo e invertir en lo que es creación de capacidades lleva tiempo. La inversión en el subsidio al GLP y la luz no es una inversión que crea capacidades ni resuelve el problema eléctrico. Mantiene los problemas intactos.

Entonces, los gobiernos botan el dinero en las seudas políticas sociales


Olaya Dotel
C. de la Cruz y P. Holguín.
Olaya Dotel: Se ha creado una situación de carácter perverso, una especie de cultura de lo que son las políticas sociales, por la forma en que se construyeron las políticas sociales, y se montó este sistema clientelar y asistencialista de la acción social durante los primeros 12 años de Balaguer, lo que ha sido continuado por todos los gobiernos. Por ello, hablar de política social, para muchos, es sinónimo de dar algo.

¿Los políticos se auxilian de la pobreza para sobrevivir políticamente?

Rosa Cañete. El fin de la política social debería ser la transformación del sistema en un sistema incluyente y lo pierde si su fin es político es clientelar. Ni los gobernantes tienen interés en modificarlo, y muchas veces, la población que es beneficiada de esa política entiende que la política social debe tener ese rol corto placista y no demandan cambios.

El gobierno que se atreva, y por eso nadie toca las subsidios aunque sean insostenibles, a quitarlos porque producen votos. Ni desde abajo ni desde arriba se presiona para cambiar este sistema que genera pobreza.

El PRD pregonó “primero la gente” y su compromiso para reducir la pobreza. ¿A qué atribuyen su fracaso?

Olaya Dotel. Lo positivo fue que elaboraron una estrategia para reducir la pobreza, un documento que por la manera en que se produjo quedó legitimado por la sociedad. Esos planes no solo fueron minados por la crisis de los bancos. El gobierno del PRD no se la jugó.

Habían estudios y documentos que le decían al gobierno del PRD que había que reestructurar, por ejemplo, el aparato de acción social del Estado. Para ello había unas diez instituciones que debían de ser eliminadas, unas, y reincorporadas, otras. El Studio fue engavetado porque necesitan votos. Y suprimir esas instancias significaba dejar a mucha gente sin empleo.

Un elemento positivo fue, empero, que por primera vez se creó un órgano que estaba destinado a articular toda la acción de las políticas sociales y a darle seguimiento. Pero ese órgano nunca funcionó.

El PLD asume el control del Estado en 2004. Encuentra hecho los estudios sobre la lucha contra la pobreza, ¿qué hace el PLD?

Oyala Dotel. Eliminó algunos programas pero porque en la práctica ya no existían, y no manejaban recursos, pro las que si existen, desempeñan una labor clientelar, como Inespre, Procomunidad, etc. Este gobierno empezó a ejecutar la propuesta pero no como fue planteada. Siguen vigentes programas con duplicidad de funciones. La segunda propuesta, producto del decreto de reorganización del sector social, fue distorsionada. Cobra fuerza la idea de crear la Secretaría de Asistencia Social.

¿Otra nueva secretaría? ¿Qué opinan?

Rosa Cañete. La creación de una secretaría de Asistencia Social sería la admisión de que siempre se tendrá que asistir, de que los pobres seguirán multiplicándose y vamos a perpetuarlos. Nuestra visión es otra. La asistencia debe ser la extensión de los programas universales.

El seguro familiar de Salud

Olaya Dotel. Con todos los problemas que ha habido en el proceso, si el Presidente anunciara su inicio sería un paso de avance aprobar y promover acciones de carácter universal. Hay estudios que prueban el impacto redistributivo que tendría la aplicación de la ley de Seguridad Social. Queremos que se aplique, pero tiene una debilidad. Y es que el régimen subsidiado tendría que utilizar el servicio público.

La baja calidad de los servicios públicos provoca que esa misma población que no tiene recursos se endeude para ir a un centro privado entendiendo que la calidad será superior. Esa es una limitante grave. La ley de Seguridad Social debe ir acompañada de una mejora de la calidad de los servicios públicos. Hay que depositar los recursos necesarios para extender el régimen subsidiado a toda la población a que debe llegar. Y eso debe ser prioritario por encima de la construcción del Metro.

Hay problemas con la ley de Seguridad Social.

Rosa Cañete. Ocurre que el sector empresarial tiene poder de veto en las decisiones, por lo tanto, estamos poniendo un bien público como es la salud, subordinado a los empresarios. Evidentemente, al sector privado hay que darle participación en la toma de decisiones, pero la decisión no puede estar sujeta al veto de uno de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, porque siempre habrá alguien que tendrá algo que perder.

El que debe regular la seguridad social es el Estado, que es el único que puede manejar bienes públicos como es la salud. Un bien público no puede estar regido por las normas del mercado. Esto no puede seguir así. Hay que eliminar el poder de veto de los empresarios.

¿Qué ha pasado con la política social de este gobierno?

Rosa Cañete. Prioriza la política asistencial por encima de la universal. El gobierno registra tasas de crecimiento de un 10% anual, una tasa de recuperación macroeconómica que sorprende a cualquier persona sobre la faz de la tierra, pero seguimos creciendo sin utilizar ese crecimiento en crear capacidades, ni aumentar la inversión como porcentaje del PIB en educación y salud, mientras la construcción del Metro y un programa asistencialista como Solidaridad siguen para adelante. Solidaridad siguen en expansión sin revisarlo ni monitorear las condicionalidades.

Fuente Original: http://clavedigital.com/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=10224

Funcionarios ganan entre 125 y 225 sueldos mínimos

Por Anny Duarte

Funcionarios del gobierno ganan entre 125 y 225 veces el sueldo mínimo de un empleado público en el país, sin incluir otras formas de ingresos y financiamientos no transparentados. El informe del que fueron extraídos los números toma como salario mínimo los RD$4,000.

El mismo informe lo califica de “abuso de poder e injusticia”. También sostiene que más de 90 por ciento de los funcionarios han sido nombrados en base a la discrecionalidad de los incumbentes, sin el uso de métodos y técnicas racionales.

El segundo Informe Alternativo de Organizaciones de la Sociedad Civil fue presentado al mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.

Agrega que es una práctica común en las instituciones que los incumbentes fijen los salarios a sus empleados atendiendo a relaciones políticas, familiares, de amistad y otros criterios subjetivos, violando las relaciones de jerarquía, responsabilidad, capacidad, desempeño y antigüedad.

Explica que esos sueldos extraordinarios, cuyo origen está en los sueldos del Gobernador y otros funcionarios del Banco Central, se han extendido a varios secretarios de Estado y al director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones.

También al Superintendente y al Intendente de Bancos, a los miembros de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, entre otros.

Indica el informe que algunos funcionarios que tienen la capacidad legal para fijar sueldos, incluidos los de ellos, o que se aprovechan de vacíos de las leyes para hacerlo, están tomando el Erario como forma de enriquecimiento ilícito, basado en el abuso de poder.

“Estamos hablando de sueldos, compensaciones e incentivos que sobrepasan el medio millón de pesos mensuales, y en algunos casos llegan a los RD$900,000, estos es entre 15,500 y 27,000 dólares mensuales”, sostiene.

En este informe alternativo se presenta el sistema de contratación de funcionarios públicos vigente en el país; se expone su base legal, su estructura, sus características funcionales, el subsistema de sueldos, a partir de los dos componentes básicos del sistema; el servicio civil y la carrera administrativa.

Se encontró que dentro de una misma Secretaría de Estado existen varios sueldos para un mismo tipo de cargo.

Por ejemplo para el puesto de Secretaria III, con sueldos de RD$8, 380, RD$11,916 y RD$ 19,317, o para los encargados de Relaciones Públicas, RD$28,289, RD$49,566.66 y RD$92,150, la conclusión es que no existe una adecuada racionalidad en la fijación de los referidos sueldos.

Además de esta situación, en el país se viene presentando una burla al pueblo trabajador y pagador de impuesto, sobre todo con la creación a partir del año 2001 de la Superintendencia de Electricidad, de Valores, de Pensiones, de Salud y Riesgo Laborales.

En estas, sus incumbentes se han fijado sueldos escandalosos, no solo para el ámbito nacional, sino en el Internacional.

Otra debilidad del “sistema de carrera” establecido por la ley número 14-91 en su artículo 32, párrafo II, es la obligatoriedad de producirse un nombramiento a favor del empleado de parte del Presidente de la República, después que el servidor ha sido evaluado, seleccionado y cumplido con el período de prueba que puede ser de hasta un año.

En el servicio civil dominicano no existen recursos de impugnación que un ciudadano pueda utilizar para objetar una selección para un puesto que no sea de carrera. En los puestos que no son de carrera no existe el concurso de oposición y la selección se hace, fundamentalmente de manera subjetiva.

Fuente Original: http://dominicanoshoy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11700&Itemid=46

RD retrocede en materia de corrupción

En la República Dominicana se ha retrocedido en materia de corrupción en la justicia, a pesar que la institución de un proceso de selección basado en el mérito había mejorado la calidad del estrado y disminuido la corrupción de manera temporal.

Así lo establece el Informe Global de la Corrupción 2007, presentado este jueves por las organizaciones Transparencia Internacional y Participación Ciudadana.

Sostiene que, de hecho, los últimos nombramientos a la Corte Suprema dominicana han obedecido en un alto grado a consideraciones políticas.

Por otro lado, el documento afirma que la corrupción está socavando las bases de la justicia en muchas partes del mundo, negándoles a las víctimas y a los acusados el "derecho humano elemental” a un juicio justo e imparcial.

Sostiene que el principio de que todos somos iguales frente a la ley, base fundamental del estado de derecho en las sociedades democráticas, se ve seriamente afectado cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencias políticas.

“La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad”, dice el informe.

“Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir”, advierte.

Explica que, además, un sistema judicial corrupto mina el crecimiento económico, dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.

“Los jueces son sólo una parte del sistema general de justicia. Los jueces no entran en juego hasta después de que la policía, fiscales y demás personal de la corte entren en escena”, indica.


Sostiene que Latinoamérica es la región del mundo en que se percibe mayor prevalecía de corrupción en la justicia, seguida por los nuevos estados independientes de la Europa del Este.

Deslices, dietas y compensaciones

LILLIAM OVIEDO

En una sociedad en que la clase dominante acaba de impedir que se produzca un aumento significativo en el salario mínimo, es indignante que quien ostente un cargo público, electivo o no, ingrese con ello al exclusivo club de los beneficiarios de dietas y compensaciones por montos superiores al salario mínimo multiplicado por 20. Jueces de tribunales superiores, legisladores, directores, asesores y secretarios de Estado, perciben mensualmente cientos de miles de pesos y en la mayoría de los casos son favorecidos con asignaciones de dinero que ellos mismos denominan compensaciones, y, cuando estalla un escándalo por ese motivo, utilizan eufemismos como el término "desliz". La acción institucional es, en el mejor de los casos limitada, no sólo porque han sido legalizados los más irritantes privilegios, sino también porque hay un ambiente de tolerancia al derroche y a ciertas formas de corrupción.

Fue un desliz, un error del cual fue culpable el encargado de Relaciones Públicas de la Liga Municipal Dominicana, dice Amable Aristy Castro sobre un anuncio de campaña que costó 100 mil pesos y fue publicado, no con el logo del Partido Reformista Social Cristiano sino con el de la LMD. ¿Y qué puede significar un desliz de 100 mil pesos cuando ya se ha "deslizado" un helicóptero? Amable Aristy dice ahora que ese helicóptero es propiedad de la institución, pero ni siquiera él se atrevería a decir que es "para uso oficial solamente".

La Junta Central Electoral señaló y se ocupó de hacer rectificar ese "desliz", ordenando al funcionario candidato pagar con dinero de sus cuentas personales el anuncio; pero no ha hecho ni hará lo mismo con muchos otros "deslices". Del Departamento de Prevención de la Corrupción, Depreco, se sabe también que actúa en algunos casos y en otros muchos no lo hace. ¿A qué instancia puede recurrir la población para evitar que se le siga cargando el alto costo del montaje del espectáculo politiquero? Esta anciana institucionalidad no tiene respuesta.

El PRSC tendrá que depositar en la Cámara Administrativa de la JCE la lista de contribuyentes y el precandidato Eduardo Estrella el presupuesto de sus gastos de campaña.

En el caso del PRSC, como en el de los demás partidos, no se llegará a determinar con cuáles intenciones actúan los contribuyentes declarados como tales, y mucho menos a establecer el monto de los dividendos que pretenden obtener por la inversión. Por eso no se ha detenido el saqueo al Estado. Por eso nadie explica por qué lujosos edificios que, como la sede de la Suprema Corte de Justicia, cuestan al Estado millones de pesos, se filtran o presentan deterioro en forma acelerada y nadie paga por ello.

El escándalo por el anuncio en que se destaca la aspiración de Amable Aristy Castro de llegar a la Presidencia de la República se produce casi al mismo tiempo que la noticia de que los jueces de la Cámara de Cuentas (con oposición del presidente del organismo, es de orden consignarlo) fijaron en más de 360 mil sus propias asignaciones para dietas, que ya superaban los 170 mil pesos, sumado esto a un salario base de 89 mil 345 pesos.

La legalización de este tipo de privilegios evidencia el sello clasista del Estado, El Estado es oficialmente asumido entonces como fuente de acumulación para los servidores orgánicos de la clase dominante.

Esto es sencillamente escandaloso. Cada caso particular es un reflejo de esa infamante situación. En las instancias de poder temporal y de poder permanente no se puede buscar inocentes.

Recientemente, ocupó las páginas de los diarios la denuncia de la jueza Aura Celeste Fernández de que a los jueces de la propia JCE se les había asignado un ingreso adicional de 66 mil pesos en compensación por el pago de Impuesto Sobre la Renta. ¡Y en las principales instancias jurídicas esta asignación se reconoce como legal!

Igual sucede con las pensiones millonarias a funcionarios que a su paso por el Estado llegaron incluso a acumular fortunas.

Y si se agrega a todo esto el elevado monto en gastos de representación de la figura presidencial y de sus numerosos y bien pagados asesores, habremos penetrado en el terreno de lo incontable.

El espectáculo politiquero es costoso y la población es obligada a pagarlo. ¿Habrá mejor definición para el autoritarismo?

¿Cuál es la diferencia entre la corrupción sin disfraces y la aceptación de privilegios que han sido legalizados atendiendo a la necesidad de pagar servicios sucios? Un día, los beneficiarios de los privilegios y quienes se arrogan el derecho de otorgarlos, tendrán que responder esta pregunta a las grandes mayorías que hoy carecen de escuelas y hospitales... Seguro.

Fuente Original: http://www.elnacional.com.do/article.aspx?id=17353