sábado, 27 de diciembre de 2008

Legalidad aparente y balaguerismo esencial


Escrito por: LILLIAM OVIEDO

Los expedientes de corrupción de finales de la década de 1980, Joaquín Balaguer, desde la Presidencia de la República, los manejó a su conveniencia. Favoreció con el manejo al banquero Leonel Almonte y al empresario Juan Tomás Peña Valentín, con lo cual ganó su apoyo. En el Partido Revolucionario Dominicano, hizo más profunda la división que ya existía, pues creó situaciones que hicieron irreconciliables diferencias que parecían coyunturales. Afianzó con ello su posición de jefe del sistema político.

Hoy, Leonel Fernández, desde su despacho en el Palacio nacional, realiza maniobras similares.

Al indultar el pasado lunes a la ex banquera Vivian Lubrano y a sindicalistas y dirigentes del PRD implicados en el escándalo de corrupción alrededor del denominado Plan Renove, realizó una acción inscrita en ese marco estratégico. Hizo sentir su influjo en la clase dominante y en la mal llamada oposición.

Cuando a finales del año pasado el mismo Leonel Fernández calificó como “agua bendita para los reformistas” el aguacero que mató a decenas de personas en la Región Sur del país y se autoproclamó heredero del liderazgo del balaguerismo histórico, confesó su real aspiración de manipular las instituciones del país del mismo modo en que fueron manipuladas por Joaquín Balaguer y de constituirse, de más en más, en hombre de confianza de la clase dominante.

Debido a que nació con casi cinco décadas de diferencia y a que se insertó en el sistema político cuando ya su base de sustentación había sido erigida y era tutelada por Joaquín Balaguer, la confianza y la relación de protección recíproca con la clase dominante las obtiene manifestando que está dispuesto a servirle y demostrando que sabe hacerlo.

Llega al Palacio Nacional de la mano de Balaguer y financiado por el grupo que fue beneficiario directo de las gestiones del caudillo. Ya demostró que está despojado (en verdad, nunca fue distinto) de todo principio, y le queda probar, en cada coyuntura, que tiene capacidad para ser un ente aglutinador y que lo será en favor de los sectores dominantes.

Por eso, el lunes 22 no sólo hay indulto para el sindicalista (empresario en la mejor definición) Antonio Marte, también nombramiento para su colega Alfredo Pulinario Linares, Cambita, a quien el papel de “asesor del Poder Ejecutivo en materia de Transporte” le devuelve la capacidad de acción que el descrédito le había hecho perder.

Quienes fueron separados del expediente en momentos anteriores, como el ex general Ramón Emilio Jiménez Reyes (para más señas el que renunció al cargo de secretario de las Fuerzas Armadas en 1975 cuando, tras el asesinato del periodista Orlando Martínez, fue nombrada una comisión para investigar el hecho), desde cualquier posición, son beneficiarios de los indultos, dado que no se les puede señalar como culpables de un hecho de corrupción que figura en la crónica de lo no ocurrido.

Fabio Ruiz, único no indultado en el expediente del Plan Renove, quedó destinado con los indultos a salir de la cárcel por inercia. Ramón Báez Figueroa, Luis Álvarez Renta y los demás implicados en la quiebra de Baninter, recibieron con el decreto del lunes la confirmación de que el Gobierno no actuará en su contra y tampoco lo hará la Justicia dominicana.

¿Quién puede reunir ingenuidad suficiente para hablar de error o casualidad cuando el presidente Fernández tiene asesores especiales que orientan cada uno de sus pasos?

Desde el asiento principal en la infuncional Dirección Nacional de Persecución a la Corrupción Administrativa, el magistrado Octavio Líster, ha dicho que hubiese preferido que no se produjeran los indultos. Algunos legisladores coinciden con Líster en este planteamiento, pero, igual que él, reconocen que el Presidente de la República tiene facultad constitucional para indultar prisioneros.

Líster y los legisladores buscan una excusa para seguir defendiendo el sistema político y no ubicarse en posición decididamente contestataria.

El presidente Fernández ha utilizado esta facultad para favorecer a miembros de la clase dominante, que es donde busca afianzar su influencia, y para reintegrar a la politiquería y a la actividad sindicalera a desacreditadas figuras... Lo ha hecho en su ya ensayado estilo balaguerista. ¡Qué vergüenza!

Fuente: http://elnacional.com.do/opiniones/2008/12/27/3097/Legalidad-aparente-y-balaguerismo-esencial

miércoles, 3 de septiembre de 2008

Hechura de Balaguer

POR LILLIAM OVIEDO

Lila Alburquerque y Ramón Rogelio Genao anduvieron por las puertas traseras para luego decir que no habían puesto los pies en el Palacio Nacional; Amable Aristy Castro, quien fuera candidato presidencial, no oculta que visitó al presidente Leonel Fernández, pero asegura que lo hizo en su condición de secretario de la Liga Municipal Dominicana (dotado de helicóptero, que conste); el secretario general Víctor Gómez Casanova, habla de renuncia mientras pide facultad para dejar sin efecto la expulsión de quienes apoyaron la reelección… En posición aparentemente opuesta, está el grupo que encabeza Federico Antún Batlle, empeñado en mantener las siglas porque no confía en las ofertas de los representantes del Gobierno. ¡Dos porciones de la misma cosecha de mala siembra!

¿Con cuáles sectores conversan o se reúnen los dirigentes del mal llamado Partido Reformista Social Cristiano? Con los que puedan mantener su inserción en el poder y garantizarles prebendas. ¿Cuáles son sus posiciones? Posturas y principios están sencillamente ausentes, los amarres determinan la toma de posición en cualquier momento y frente a cualquier situación.

Se comportan como hijos legítimos de un sistema político e institucional que es hechura de Joaquín Balaguer.

A Joaquín Balaguer, no es preciso llamarle déspota ilustrado, sino sencillamente déspota, dado que, en la más condenable muestra de entreguismo, cumplió el encargo imperialista en 1966, al asumir la tarea de organizar en forma permanente la coerción de clase y de dirigir una prolongada, cruel y sangrienta jornada de represión política, parte fundamental del proyecto de aniquilar el movimiento revolucionario y progresista y garantizar la hegemonía de los sectores conservadores, amenazada por la politización del movimiento popular.

El pasado lunes se cumplió el 102 aniversario del nacimiento de Joaquín Balaguer, y, a esta altura, 6 años después de la muerte del déspota, los representantes de este podrido sistema político siguen comportándose como él les enseñó.

Leonel Fernández, desempeña el papel del cual se ha declarado heredero, recibiendo, por el patio o por la sala, a quienes se ofrecen en venta y convertidos en pedigüeños bajarán de precio.

Los grupos que se disputan el control de la desvencijada maquinaria electoral que sirvió para dar apariencia legal a la permanencia de Balaguer en el Palacio Nacional, no pueden ocultar que cada uno de ellos intenta llegar primero a las fuentes de dinero, de contratos y prebendas que financian la politiquería.

¿En cuál de los sectores en pugna hay asomo de principio? Entre los grupos que buscan sueldos millonarios en el Estado, no existe; pero tampoco en el grupo que dirige Federico Antún Batlle, quien en el año 2004 firmó con algunos jefes del Partido de la Liberación Dominicana la llamada “acta de entendimieto”, comprometiéndose a defender el triunfo de Leonel Fernández a cambio de “participación” en el Gobierno. Lo hizo cuando el grueso participaba en la llamada Alianza Rosada, con el Partido Revolucionario Dominicano, porque era Hipólito Mejía quien en ese momento manejaba el Estado... Como el cambio de chaqueta siempre es fácil, poco importa a los oportunistas cobrar ahora y decir lo contrario después.

Son auténticas piezas de un sistema podrido. Hasta el año 2002, hubo desfile permanente, por puertas traseras o por puertas delanteras, hacia la residencia de Joaquín Balaguer, porque allí se daba forma a los pactos que luego eran llevados al pueblo como imposiciones. Hoy, el desfile es hacia el Palacio Nacional, donde entre los años 2000 y 2004 alzaba el dedo Hipólito Mejía y desde agosto de 2004 alza el dedo Leonel Fernández, quien pretende hacer permanente su liderazgo sobre los sectores más retrógrados, que, como Balaguer, ejerce garantizando impunidad y repartiendo prebendas.

Es asqueroso lo que se alcanza ver, y se percibe el hedor de lo que no se ve… ¡Qué asco!

Fuente: http://elnacional.com.do/article.aspx?id=56800

domingo, 22 de junio de 2008

Corrupción in Crescendo

Sin Temor… Ni Favor…

Luis H. Arthur S.

Los gringos son pocos sutiles. Balaguer decía que a los Diplomáticos los recibe Relaciones Exteriores, y sólo por cita el Presidente. Los procónsules no están sujetos a esos trámites.

El asunto es que la piña se le pone agria a quien sólo habla bonito y luce que ha dado órdenes de que se ejemplarice en algunos casos de corrupción. Así, los legisladores, aves de la misma calaña, van a “juzgar” a los “jueces” de la Cámara de Cuentas y los van a exhibir como ejemplo. Siempre puede pasar como con el Sr. Pepe Goico, quien una vez dijo que con él se irían muchos, ellos pueden hacer brotar el pus que encona hasta el tuétano a este gobierno corrupto. Es posible que les compren su silencio y no tengan que ir a los tribunales a responder por sus fechorías, aunque todos sabemos que tampoco les harían nada, pues como con la Sun Land, nada resuelven y además alguno ha recibido un regalo envenenado, y para colmo aquí están agentes de FBI investigando en esta colonia el lavado de dinero…

Ya se habla de 125 millones que el Gerente Administrativo guardaba en dos cajas fuertes que le fueron robadas de su casa. Él dice que $2 millones son de su esposa, uno de un amigo y lo demás sus grandes ahorros de vida. La realidad es que si un funcionario de segunda o tercera categoría en la Secretaria de Salud tiene esa cantidad guardada, habiendo pasado unas elecciones donde hubo que ordeñar toda vaca parida a no. Partir y repartir y aun le quedó eso, ¿qué podemos pensar del Sr. Secretario? Lo menos, que es un incapaz administrativo y eso lo dudo. Mientras dice que no tiene con que aumentar a los médicos de Salud Pública, y estos se manifiestan de manos amarradas y bocas selladas exigiendo mayor salario, sin ligarlo al cumplimiento de sus horarios, responsabilidades y multiempleos.

La presente espiral se puede revertir contra un Presidente que ha esquilmado al Estado en pos de su reelección y de sus amigos, ha protegido a sus funcionarios y a sus aliados, ha coludido a todos, nadie ha sido condenado por tanto robo y despilfarro del dinero que todos pagamos en impuestos directos e indirectos. Ha usado el erario como su caja chica, y a nadie se le ha llamado ni a la atención. Educación también se la luce impune con mansiones millonarias y suero para puercos, pagados a precio de leche.

S. Domingo, R. D. * luis@arthur.net * www.luis.arthur.net * www.luisharthur.blogspot.com

viernes, 20 de junio de 2008

Recursos millonarios para una débil lucha contra corrupción

El director de la FLACSO asegura que la batalla contra la corrupción ha fracasado y llama a reestructurar los organismos de prevención

SANTO DOMINGO. El Estado dominicano invierte al año más de RD$944.6 millones en organismos llamados a fiscalizar, prevenir y combatir la corrupción, en cuya lucha sólo se han logrado sanciones pírricas que han puesto en tela de juicio su accionar.

El hecho de que estamentos como la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y la Comisión Nacional de Ética Pública, trabajen para frenar el dispendio del erario con muy pocos resultados, está generando escepticismo y la percepción de que se actúa con un trasfondo político.

La situación obedece a que manejan fondos, disponen de un amplio personal y de todas las estructuras para desempeñar su rol en la lucha anticorrupción, pero las estadísticas muestran cifras insignificantes y debilidades.

Del 2004 al 2007, no fue mucho lo que hizo la DPCA, pues de 263 casos, sólo remitió a la justicia 16 expedientes; 83 fueron archivados, 8 declinados y 3 sobreseídos. Al 26 de julio del 2007 tenían abiertas 153 pesquisas, muchas de ellas concernientes a los 107 expedientes heredados de la gestión de Hipólito Mejía.

Con un presupuesto en el 2008 de RD$32,330,289, este estamento es el encargado de diseñar y ejecutar políticas de prevención y lucha contra la corrupción, así como de promover la ética y transparencia en la gestión pública, mediante la implementación de planes educativos en la materia. También tiene bajo su responsabilidad investigar la corrupción, contribuyendo a preservar el patrimonio público, coordinando con los sectores y actores involucrados para fortalecer el estado de derecho, la democracia y la justicia social.

Esta institución fue creada mediante el decreto 322-97 con el nombre de Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa y establecida como dirección también por decreto el 3 de julio del 2007.

Cámara de Cuentas

Está encargada de proteger el patrimonio del Estado, fiscalizando la gestión de los administradores de los recursos públicos y rendir informes a la nación, para lo cual dispone de un presupuesto de RD$423,861,897.

En 17 meses que tienen trabajando los 9 jueces que actualmente integran el organismo fiscalizador, sólo han realizado 10 experticios contables y se han auditado RD$294 millones de los 235 mil millones que maneja el Gobierno.

En la actualidad, los jueces del principal organismo fiscalizador del país son investigados en la Cámara de Diputados por alegadas irregularidades en sus funciones.

Entre sí se han lanzado graves acusaciones, como es la imputada al presidente del organismo, Andrés Terrero, a quien le atribuyen haber fracasado en el cargo y de no haber dado "pie con bola" con ninguna de las auditorías.

Además, aducen mala gerencia, un déficit mensual de cientos de miles de pesos y lo acusan de manejar de manera oculta un fondo de un organismo internacional.

Las pesquisas de los diputados han arrojado que los llamados a velar por los recursos del Estado desde que asumieron el cargo sólo se han preocupado por aumentarse el sueldo y sacar provecho para beneficio personal. Se ha llegado a hablar de nepotismo y hasta de chantaje.

Contraloría

Es una dependencia de la Presidencia de la República que maneja una asignación presupuestaria de RD$454,291,907 para la realización de auditorías especiales y revisiones de los registros de contabilidad de las entidades y organismos del Gobierno central, ayuntamientos, entidades descentralizadas y autónomas, y de cualquier persona física o jurídica que administre o maneje fondos y bienes públicos

Comisión Ética Pública

Con un presupuesto de RD$34,201,008.78, tiene la misión de articular y garantizar la ejecución de las estrategias, tanto del sector público como privado dirigidas al incremento de la transparencia y de la ética pública, tratando de eficientizar la lucha contra la corrupción, mediante el desarrollo y monitoreo de planes concertados que contribuyan al fortalecimiento del Estado democrático, la competitividad y la integridad moral del pueblo dominicano.

También deben asesorar al Poder Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción y fomento de la ética y la transparencia.

De opinión

Según el jurista Olivo Rodríguez Huertas, la República Dominicana carece de un sistema efectivo para el combate a la corrupción, lo que obedece a factores de índole institucional y a la ausencia de una clara voluntad política.

"Es necesario un diseño constitucional que garantice idoneidad técnica e independencia en los órganos del Estado con incidencia en este tema. Me refiero a la ubicación del Ministerio Público dentro del Poder Ejecutivo, lo que debe transformarse para convertir al Ministerio Público en un órgano constitucional extra poder", apuntó.

Asimismo, considera necesario un nuevo diseño constitucional para la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que sus miembros son escogidos de ternas elaboradas por el Poder Ejecutivo, y esto, según dice, históricamente ha impedido contar con un organismo independiente e idóneo.

Cambios en la política de prevención

En voz de Francisco Cueto, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), encontramos la teoría de que la batalla contra la corrupción ha fracasado en el país.

A su juicio esas dependencias deben ser reestructuradas, porque tienen muchas deficiencias y puntos neurálgicos como son la falta de voluntad política, designaciones provenientes del Poder Ejecutivo y la precaria capacidad de sus actores.

Para el politólogo, los nombramientos de los funcionarios anticorrupción deberían estar a cargo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a fin de evitar que el Poder Ejecutivo se convierta en juez y parte en cualquier proceso.

"El problema es que actualmente quien designa y tiene la función de sacar el expediente es también representante del Poder Ejecutivo", enfatizó.

Sostiene que se hace imperativa la aplicación de la Ley de Función Pública, "pues hasta que no tengamos funcionarios de carrera es muy difícil que se pueda combatir la corrupción, los funcionarios deben ser designados por su capacidad y no por favores políticos".

También entiende que la ciudadanía debe ser más activa y hacer que el Estado cumpla con su función de proteger sus intereses.

los casos

Entre los expedientes concluidos por los investigadores de la DPCA y remitidos a la Justicia se encuentran: el Plan Renove, el de los invernaderos, los bonos soberanos de la CDEEE, el de Yorman Solano Vásquez, ex director de la Oficina de Desarrollo Fronterizo, las turbinas compradas por la Fuerza Aérea Dominicana, el del departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Hacienda.

También están los casos de la ex directora del departamento de Relaciones Internacionales de la antigua ONAP, Elsa Josefina Cos Zaiter; de la ex tesorera de Migración, Dominga Fabiola Henríquez Herrera, y otros más.


Fuente: http://www3.diariolibre.com/noticias_det.php?id=21023