RD retrocede en materia de corrupción

En la República Dominicana se ha retrocedido en materia de corrupción en la justicia, a pesar que la institución de un proceso de selección basado en el mérito había mejorado la calidad del estrado y disminuido la corrupción de manera temporal.

Así lo establece el Informe Global de la Corrupción 2007, presentado este jueves por las organizaciones Transparencia Internacional y Participación Ciudadana.

Sostiene que, de hecho, los últimos nombramientos a la Corte Suprema dominicana han obedecido en un alto grado a consideraciones políticas.

Por otro lado, el documento afirma que la corrupción está socavando las bases de la justicia en muchas partes del mundo, negándoles a las víctimas y a los acusados el "derecho humano elemental” a un juicio justo e imparcial.

Sostiene que el principio de que todos somos iguales frente a la ley, base fundamental del estado de derecho en las sociedades democráticas, se ve seriamente afectado cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencias políticas.

“La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad”, dice el informe.

“Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir”, advierte.

Explica que, además, un sistema judicial corrupto mina el crecimiento económico, dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.

“Los jueces son sólo una parte del sistema general de justicia. Los jueces no entran en juego hasta después de que la policía, fiscales y demás personal de la corte entren en escena”, indica.


Sostiene que Latinoamérica es la región del mundo en que se percibe mayor prevalecía de corrupción en la justicia, seguida por los nuevos estados independientes de la Europa del Este.

Deslices, dietas y compensaciones

LILLIAM OVIEDO

En una sociedad en que la clase dominante acaba de impedir que se produzca un aumento significativo en el salario mínimo, es indignante que quien ostente un cargo público, electivo o no, ingrese con ello al exclusivo club de los beneficiarios de dietas y compensaciones por montos superiores al salario mínimo multiplicado por 20. Jueces de tribunales superiores, legisladores, directores, asesores y secretarios de Estado, perciben mensualmente cientos de miles de pesos y en la mayoría de los casos son favorecidos con asignaciones de dinero que ellos mismos denominan compensaciones, y, cuando estalla un escándalo por ese motivo, utilizan eufemismos como el término "desliz". La acción institucional es, en el mejor de los casos limitada, no sólo porque han sido legalizados los más irritantes privilegios, sino también porque hay un ambiente de tolerancia al derroche y a ciertas formas de corrupción.

Fue un desliz, un error del cual fue culpable el encargado de Relaciones Públicas de la Liga Municipal Dominicana, dice Amable Aristy Castro sobre un anuncio de campaña que costó 100 mil pesos y fue publicado, no con el logo del Partido Reformista Social Cristiano sino con el de la LMD. ¿Y qué puede significar un desliz de 100 mil pesos cuando ya se ha "deslizado" un helicóptero? Amable Aristy dice ahora que ese helicóptero es propiedad de la institución, pero ni siquiera él se atrevería a decir que es "para uso oficial solamente".

La Junta Central Electoral señaló y se ocupó de hacer rectificar ese "desliz", ordenando al funcionario candidato pagar con dinero de sus cuentas personales el anuncio; pero no ha hecho ni hará lo mismo con muchos otros "deslices". Del Departamento de Prevención de la Corrupción, Depreco, se sabe también que actúa en algunos casos y en otros muchos no lo hace. ¿A qué instancia puede recurrir la población para evitar que se le siga cargando el alto costo del montaje del espectáculo politiquero? Esta anciana institucionalidad no tiene respuesta.

El PRSC tendrá que depositar en la Cámara Administrativa de la JCE la lista de contribuyentes y el precandidato Eduardo Estrella el presupuesto de sus gastos de campaña.

En el caso del PRSC, como en el de los demás partidos, no se llegará a determinar con cuáles intenciones actúan los contribuyentes declarados como tales, y mucho menos a establecer el monto de los dividendos que pretenden obtener por la inversión. Por eso no se ha detenido el saqueo al Estado. Por eso nadie explica por qué lujosos edificios que, como la sede de la Suprema Corte de Justicia, cuestan al Estado millones de pesos, se filtran o presentan deterioro en forma acelerada y nadie paga por ello.

El escándalo por el anuncio en que se destaca la aspiración de Amable Aristy Castro de llegar a la Presidencia de la República se produce casi al mismo tiempo que la noticia de que los jueces de la Cámara de Cuentas (con oposición del presidente del organismo, es de orden consignarlo) fijaron en más de 360 mil sus propias asignaciones para dietas, que ya superaban los 170 mil pesos, sumado esto a un salario base de 89 mil 345 pesos.

La legalización de este tipo de privilegios evidencia el sello clasista del Estado, El Estado es oficialmente asumido entonces como fuente de acumulación para los servidores orgánicos de la clase dominante.

Esto es sencillamente escandaloso. Cada caso particular es un reflejo de esa infamante situación. En las instancias de poder temporal y de poder permanente no se puede buscar inocentes.

Recientemente, ocupó las páginas de los diarios la denuncia de la jueza Aura Celeste Fernández de que a los jueces de la propia JCE se les había asignado un ingreso adicional de 66 mil pesos en compensación por el pago de Impuesto Sobre la Renta. ¡Y en las principales instancias jurídicas esta asignación se reconoce como legal!

Igual sucede con las pensiones millonarias a funcionarios que a su paso por el Estado llegaron incluso a acumular fortunas.

Y si se agrega a todo esto el elevado monto en gastos de representación de la figura presidencial y de sus numerosos y bien pagados asesores, habremos penetrado en el terreno de lo incontable.

El espectáculo politiquero es costoso y la población es obligada a pagarlo. ¿Habrá mejor definición para el autoritarismo?

¿Cuál es la diferencia entre la corrupción sin disfraces y la aceptación de privilegios que han sido legalizados atendiendo a la necesidad de pagar servicios sucios? Un día, los beneficiarios de los privilegios y quienes se arrogan el derecho de otorgarlos, tendrán que responder esta pregunta a las grandes mayorías que hoy carecen de escuelas y hospitales... Seguro.

Fuente Original: http://www.elnacional.com.do/article.aspx?id=17353

¿Progreso?

PEDRO P. YERMENOS FORASTIERI

A propósito del recién transcurrido Congreso Elector del PLD me correspondió trabajar en una mesa electoral ubicada en una escuela pública en pleno centro de la capital de la república. En la víspera, un grupo de compañeros visitó el lugar con la finalidad de inspeccionar el área y organizar las cosas lo mejor posible.

Ahí se inició la impresión lamentable y la constatación de lo inapropiado que resultaba ese centro para poder ser catalogado como un adecuado espacio para el desarrollo de un efectivo proceso de enseñanza y aprendizaje. En las aulas, mesas y butacas destartaladas, pizarrones en pésimo estado, ventanas inservibles. Otras instalaciones, tan deterioradas como el resto, cerradas con puertas rotas que estaban identificadas con sendos letreros en los que se leían "varones" y "hembras". A esas no pudimos entrar, pero era fácil colegir que, no obstante la cuestionable señalización, se trataba de los baños.

Durante el transcurso de las elecciones llama mi atención el hecho de que una de las integrantes del colegio electoral se estaba moviendo constantemente en el asiento que ocupaba, como a quien le resulta imposible permanecer sosegado a causa de una incomodidad que no puede controlar. Acercándome a ella le pregunté si algo le sucedía. Me sorprendió su respuesta: "Me estoy orinando". Le cuestioné por qué no iba al baño. Su explicación no pudo ser más patética. Difícil concebir un ser humano desnudando su cuerpo para ponerlo en contacto con algo que esté en las condiciones por ella descritas.

Cuando similar necesidad también a mí me resultó imperiosa, no me quedó otra opción que no fuera acudir al lugar de referencia. Mi amiga había sido parca en la narración del horror. Imposible caminar sin empaparse de líquidos de diversas procedencias. Inodoros desechos y carentes de agua, atiborrados de mugre. Lavamanos que hacía tiempo no ejercían sus funciones. No pude dejar de imaginar a los niños, niñas y jóvenes en contacto cotidiano con tal fuente de contaminación.

Al salir huyendo de aquella pocilga, me perturbaba la contradicción enorme entre lo que había visto y la proclama constante del supuesto progreso al que la nación se encamina. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo de repetirse hasta la saciedad que la educación es el nuevo paradigma del desarrollo, se someta al sistema escolar a ese nivel de abandono?.

Pude comprobar, una vez más, que es falso el discurso de que la educación es la prioridad de nuestros gobernantes. No puede serlo cuando se violan sin rubor las leyes que obligan a asignar a ese renglón, como mínimo, partidas específicas del presupuesto nacional y del producto bruto interno. No es cierto, porque de esas asignaciones ilegales terminan siempre ejecutándose montos inferiores. Es mentira porque cuando a los gobernantes se les ocurre hacer transferencias presupuestarias de fondos, la mayoría de las veces para ridiculeces, a quien primero se les ocurre desangrar es a educación.

En ese escenario, los conceptos de progreso y modernidad que nos han vendido terminan siendo una estafa. No habrá tales adelantos mientras nuestros bachilleres ingresen a la universidad con un nivel de sexto grado de primaria. Mientras nuestros mal pagados profesores no reciban la capacitación que les posibilite ejercer su trabajo con eficiencia. Mientras los estudiantes reciban una cantidad de horas de clases menor que en muchísimos países. Mientras haya una elevada deserción escolar. Mientras adquirir los libros y materiales sea un privilegio de pocos.

Ninguna agenda paralela puede justificar el no hacer las inversiones requeridas en un sector determinante para salir del estado actual en que nos encontramos. Eso es saltar peldaños en la ineludible escalera de las prioridades. Eso es no pensar a largo plazo por tener la mente obnubilada ante la urgencia del próximo certamen electoral. Que es, en definitiva, lo único que les importa a quienes, como dijo el presidente Lagos, más que estadistas, son meros gobernantes.

yermenossantos@codetel.net.do

Fuente Original:http://www.elnacional.com.do/article.aspx?id=17275

Los inexistentes papeles del Metro

Ahora se sabe que no existen los documentos fundamentales que debieron tenerse para el inicio de la construcción del metro de Santo Domingo.

Diandino Peña, director de la Oficina para Reordenamiento del Transporte (Opret), ha admitido que su departamento no tiene esos papeles.

Eso significa que la obra fue emprendida sin contar con los estudios previos.

Significa también que el periodista Huchi Lora y cuantos han estado pidiendo esos detalles no andan descaminados.

E, igualmente, que hace una interpretación correcta de la ley de acceso a la información pública el contencioso que hace dos semanas se pronunció en el sentido de que Diandino Peña y su Opret deben responder al mencionado pedido.

Pero ni Diandino Peña ni su Opret pueden hacerlo. Ellos mismos admiten, dos semanas después del fallo del contencioso, que los documentos no existen.

Aunque tarde, es bueno enterarse de ese detalle, algo muy importante en el manejo de una obra como la del metro, a la que el Gobierno, al parecer, le atribuye una importancia cósmica.