LILLIAM OVIEDO
En una sociedad en que la clase dominante acaba de impedir que se produzca un aumento significativo en el salario mínimo, es indignante que quien ostente un cargo público, electivo o no, ingrese con ello al exclusivo club de los beneficiarios de dietas y compensaciones por montos superiores al salario mínimo multiplicado por 20. Jueces de tribunales superiores, legisladores, directores, asesores y secretarios de Estado, perciben mensualmente cientos de miles de pesos y en la mayoría de los casos son favorecidos con asignaciones de dinero que ellos mismos denominan compensaciones, y, cuando estalla un escándalo por ese motivo, utilizan eufemismos como el término "desliz". La acción institucional es, en el mejor de los casos limitada, no sólo porque han sido legalizados los más irritantes privilegios, sino también porque hay un ambiente de tolerancia al derroche y a ciertas formas de corrupción.
Fue un desliz, un error del cual fue culpable el encargado de Relaciones Públicas de la Liga Municipal Dominicana, dice Amable Aristy Castro sobre un anuncio de campaña que costó 100 mil pesos y fue publicado, no con el logo del Partido Reformista Social Cristiano sino con el de la LMD. ¿Y qué puede significar un desliz de 100 mil pesos cuando ya se ha "deslizado" un helicóptero? Amable Aristy dice ahora que ese helicóptero es propiedad de la institución, pero ni siquiera él se atrevería a decir que es "para uso oficial solamente".
La Junta Central Electoral señaló y se ocupó de hacer rectificar ese "desliz", ordenando al funcionario candidato pagar con dinero de sus cuentas personales el anuncio; pero no ha hecho ni hará lo mismo con muchos otros "deslices". Del Departamento de Prevención de la Corrupción, Depreco, se sabe también que actúa en algunos casos y en otros muchos no lo hace. ¿A qué instancia puede recurrir la población para evitar que se le siga cargando el alto costo del montaje del espectáculo politiquero? Esta anciana institucionalidad no tiene respuesta.
El PRSC tendrá que depositar en la Cámara Administrativa de la JCE la lista de contribuyentes y el precandidato Eduardo Estrella el presupuesto de sus gastos de campaña.
En el caso del PRSC, como en el de los demás partidos, no se llegará a determinar con cuáles intenciones actúan los contribuyentes declarados como tales, y mucho menos a establecer el monto de los dividendos que pretenden obtener por la inversión. Por eso no se ha detenido el saqueo al Estado. Por eso nadie explica por qué lujosos edificios que, como la sede de la Suprema Corte de Justicia, cuestan al Estado millones de pesos, se filtran o presentan deterioro en forma acelerada y nadie paga por ello.
El escándalo por el anuncio en que se destaca la aspiración de Amable Aristy Castro de llegar a la Presidencia de la República se produce casi al mismo tiempo que la noticia de que los jueces de la Cámara de Cuentas (con oposición del presidente del organismo, es de orden consignarlo) fijaron en más de 360 mil sus propias asignaciones para dietas, que ya superaban los 170 mil pesos, sumado esto a un salario base de 89 mil 345 pesos.
La legalización de este tipo de privilegios evidencia el sello clasista del Estado, El Estado es oficialmente asumido entonces como fuente de acumulación para los servidores orgánicos de la clase dominante.
Esto es sencillamente escandaloso. Cada caso particular es un reflejo de esa infamante situación. En las instancias de poder temporal y de poder permanente no se puede buscar inocentes.
Recientemente, ocupó las páginas de los diarios la denuncia de la jueza Aura Celeste Fernández de que a los jueces de la propia JCE se les había asignado un ingreso adicional de 66 mil pesos en compensación por el pago de Impuesto Sobre la Renta. ¡Y en las principales instancias jurídicas esta asignación se reconoce como legal!
Igual sucede con las pensiones millonarias a funcionarios que a su paso por el Estado llegaron incluso a acumular fortunas.
Y si se agrega a todo esto el elevado monto en gastos de representación de la figura presidencial y de sus numerosos y bien pagados asesores, habremos penetrado en el terreno de lo incontable.
El espectáculo politiquero es costoso y la población es obligada a pagarlo. ¿Habrá mejor definición para el autoritarismo?
¿Cuál es la diferencia entre la corrupción sin disfraces y la aceptación de privilegios que han sido legalizados atendiendo a la necesidad de pagar servicios sucios? Un día, los beneficiarios de los privilegios y quienes se arrogan el derecho de otorgarlos, tendrán que responder esta pregunta a las grandes mayorías que hoy carecen de escuelas y hospitales... Seguro.
Fuente Original: http://www.elnacional.com.do/article.aspx?id=17353
