El ventajismo político del presidente Leonel Fernández y el PLD

Con el pago a sus dirigentes de base el PLD ha recibido un 36 por ciento más que todo el financiamiento del Estado a los partidos en sus once años de vigencia.

Por Juan Bolívar Díaz

SANTO DOMINGO, DN/República Dominicana.-Ante la evidencia de la nómina de pagos a los dirigentes de base del Partido de la Liberación Dominicana por diversas entidades del Estado, el presidente Leonel Fernández la dio por hecho y la defendió esta semana con tradicionales argumentos políticos, carentes de fundamento legal.

La llamada "Nómina CB", o nominilla, da cuenta de que se ha estado pagando salarios de tres y cuatro mil pesos a 42 mil 434 presidentes de comités de base con monto mensual de 143 millones 600 mil pesos, que en tres años ha implicado más de 5 mil 152 millones de pesos.

Ese privilegio a favor del partido de gobierno en magnitud sin precedente conocido choca con principios constitucionales y con la ley electoral que prohíben expresamente aprovechar el poder del Estado para beneficio de particulares y relacionados y se ha constituido en el peor escándalo de la campaña electoral.

Evidencias apabullantes

El reportaje televisivo de la periodista Nuria Piera sacudió la campaña electoral, al mostrar paquetes de cheques que eran entregados a dirigentes de base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Las reacciones oficiales fueron contradictorias, unos lo negaban mientras otros lo justificaban, llegándose a sostener que se trataba de pagos por trabajos realizados por las emergencias impuestas por los fenómenos atmosféricos de noviembre y diciembre pasado, aunque luego se ha aceptado que esos pagos se hacen desde el 2005.

Pero la posterior aparición de cientos de páginas fotocopiadas de nóminas, listas con las firmas de los beneficiarios, recomendaciones, sustituciones y cheques con fechas del 2006 y 2007, no dejan dudas de la magnitud de la ocurrencia.

Muchos han considerado que se trata de las criticadas prácticas de los partidos dominicanos de repartir el patrimonio público entre sus dirigentes, militantes y relacionados. No hay memoria de una documentación similar en el clientelismo y la corrupción política nacional.

No se trata de las decenas de miles de parciales que todos los gobiernos designan en cargos públicos. Tampoco de las empleados temporeros contratados para labores de ornato o limpieza, sino de retribución a los presidentes de sus comités de base, por el simple hecho de serlos, sin una función pública.

En la documentación disponible hay cartas con logo, sellos y firmas de dirigentes intermedios que acreditan ante organismos del Estado a los presidentes de Comités de base para que reciban mensualmente cuatro mil pesos en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo y Santiago, y tres mil pesos en el resto del país. Hay cartas a los pagadores incluso comunicando sustitución de dirigentes.

Resumen contundente

En el legajo de papeles hay una prueba demostrativa del nivel de "normalidad" que ha adquirido la distribución de los fondos públicos entre los asociados políticos. Se trata de un "Resumen de los Presidentes de Comités de Base por Provincias, Municipios y Circunscripciones", bajo el nombre y lema del PLD.

En cada jurisdicción, incluidas las circunscripciones, aparece el número de presidentes de comités de base y el sueldo que se le asigna. Se ofrecen los totales por municipios y provincias y los organismos donde se les paga. Muchos municipios reciben pagos de diversas entidades estatales. En el cuadro anexo sólo se consignan las provincias, por razones de espacio.

Los pagos se han venido realizando a través de las secretarías de Agricultura y Obras Públicas, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, el Instituto Nacional de Aguas Públicas y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

El resumen abarca 11 páginas y en la última aparece el total de 42 mil 434 presidentes de comités de base beneficiarios, con un monto mensual de 143 millones 120 mil pesos, equivalentes a mil 717 millones 440 mil pesos por año.

Si el programa opera desde el 2005, como aceptó el presidente Fernández en su conversación del 31 de marzo con directores de medios de comunicación, el gobierno ha destinado en tres años 5 mil 152 millones 320 mil pesos para beneficio de dirigentes de base del PLD.

Para tener una idea del ventajismo político de este programa, basta considerar que su monto supera en 36 por ciento los 3 mil 778 millones de pesos que se ha entregado a la totalidad de los partidos en los once años que lleva el financiamiento instituido en la ley electoral a partir del 1998, incluyendo el actual 2008.

Para este año de elección presidencial el financiamiento legal a todos los partidos será de mil 60 millones de pesos, apenas el 60 por ciento de lo que reciben en un año los presidentes de comités de base peledeista, sin que ninguna ley lo haya autorizado.

Penosa justificación

(Descargue lista de peledeístas en nóminas CB)

Resultó penoso que en su encuentro con directores de medios el presidente Leonel Fernández defendiera esos pagos, ante la contundente evidencia de la nómina, cuando le fue presentada después de haberla negado. También que sostuviera que esos pagos no tienen incidencia alguna en la posición de su candidatura y partido.

Cuando se le argumentó que un documento como ese en la campaña electoral de una democracia como la española, hubiera provocado la pérdida de la elección al partido gobernante y hasta la caída del gobierno, Fernández consideró que "aquí el gobierno se cae cuando no pueda incorporar a gente de la sociedad a algún mecanismo de supervivencia".

El candidato a la reelección se explayó en consideraciones legales para rechazar la procedencia de la disposición de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), ratificada por el pleno de jueces del organismo para que el gobierno suspenda todo pago que no sea de las nóminas regulares.

La defensa de ese extremo del clientelismo y el ventajismo político a costa del patrimonio público contrastó una vez más con su discurso de modernización e institucionalización de la sociedad dominicana, con las críticas que en el pasado él y su partido hacían a los gobiernos de turno, y con los principios que enarbolaba el partido que fundara el profesor Juan Bosch.

El presidente Fernández lució atrapado en el pragmatismo político que ha caracterizado el reeleccionismo en la historia nacional y que él y su partido criticaron acremente cuando tuvieron efecto en las campañas reeleccionistas de un presidente de comienzo del siglo pasado como Joaquín Balaguer, o hace cuatro años por parte del presidente Hipólito Mejía.

Del orden jurídico

Aunque el consultor jurídico del gobierno y delegado ante la JCE, César Pina Toribio, había declarado la semana anterior que acatarían la disposición del organismo rector de los comicios, sorprendió que el miércoles él mismo elevara una instancia ante la Suprema Corte de Justicia para invalidarla, amparándose en las facultades que otorga la Constitución al Presidente de la República.

Aunque el artículo 55 establece un amplio presidencialismo, el 92 da facultad a la JCE "para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley". El 102 dispone sanción para "las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados". El 110 "condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos".Y el 113 indica que "Ninguna erogación de los fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente".

La decisión de la Cámara Administrativa de la JCE se fundamenta en el literal d, artículo 6 de la Ley Electoral que le faculta a "disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral…a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías".

El artículo 47 de la misma ley es específico en prohibir a los partidos y sus dirigentes, militantes o relacionados "beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas o sostenerse, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley". Añade que la JCE "tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado".

Aparte de la competencia democrática, lo que parece estar en juego en la actual campaña electoral es el estado de derecho de la sociedad dominicana.-

Fuente del Articulo: http://clavedigital.com/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=13351

Encuesta I

Luis H. Arthur S.

La propaganda política que tiene el gobierno es apabullante. El país está lleno de carteles, las estaciones de radio y TV están saturadas, en una abundancia tal que no podría hacerse con el dinero que les otorga la junta, pues están dejando pálido a todos los demás partidos, sin que la JCE diga, haga o muestre interés por saber y menos decirnos de dónde sale tanto dinero. De establecer dónde termina el gobierno y donde empieza el candidato a la reelección.

La mayoría de las encuestas nos presentan al Presidente como puntero muy arriba de los demás candidatos, con el triunfalismo de que “se va en la primera vuelta” y el trillado grito de campaña: “e¨pa ¨lante que vamos”.

Cada partido descalifican la del opositor tildándolas de amañadas, pagadas, hechas a la orden, y ante esta guerra, luce que no tenemos modo de saber cuál es verdad.

En la generalidad, con las debidas excepciones, son encuestas interesadas y cada partido manda a elaborar la suya, y da la impresión que “por cuartos baila el mono”, y como aquí ni partidos ni encuestadoras se desacreditan por más barrabasadas que hagan o digan, siguen pagando, cobrando mucho y confundiendo más.

Si sólo nos dejáramos llevar de la propaganda gubernamental y del candidato a la reelección, que como ya dije es tan masiva que no nos permite ni pensar, tenemos que admitir que Leonel va a ganar de calle, que vivimos en un país de maravilla, donde todas las promesas fueron cumplidas, nuestros problemas están resueltos y donde ya llegó la modernidad con el metro.

Si Ud. pudiera encontrar dos minutos para pensar por sí mismo, tendría que admitir que un gato no necesita andar pregonando que es un gato. Lo es, Ud. al verlo lo reconoce sin posibilidad de equivocarse. Igualmente cuando a Ud. le quieren convencer que está bien, que le cumplieron, que todo está resuelto, que el país progresa, dude, mire a su alrededor, pues quizás le quieran pasar un ratón por un gato.

Si un hijo les dice a sus padres que va de maravilla en la universidad, ellos esperan comprobarlo con las calificaciones de los profesores, quienes dirán la realidad de lo que ha estado haciendo ese hijo, y en qué posición queda con respecto a los demás estudiantes.

luis@arthur.net * www.luis.arthur.net * www.luisharthur.blogspot.com * 31/III/2008

Urge contener los abusos del poder para evitar unas elecciones viciadas

SITUACIÓN SE ACERCA A NIVELES CRÍTICOS

El uso de recursos del Estado en la campaña por la reelección presidencial se ha desbordado en tales dimensiones que está siendo progresivamente expuesto por iniciativa de los medios de comunicación, generando una considerable crispación en el liderazgo de los partidos de oposición.

Juan Bolívar Díaz

Los actos de Estado suelen combinarse con actividades de campaña en los cuales se distribuyen dinero y regalos.
Clave Digital.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El anuncio de que tras la semana santa el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) convocará una cumbre de la oposición política para enfrentar el desmesurado abuso de recursos del Estado en la campaña electoral y pronunciamientos recientes de otros sectores indican que la situación está llegando a niveles críticos.

Diversos sectores políticos han llegado últimamente al grado de advertir que no reconocerán legitimidad a un gobierno que surja con tan clara como excesiva utilización del presupuesto nacional, patente en publicidad oficial, subsidios generalizados, pagos de militantes y compra de dirigentes de partidos opositores.

Las persistentes denuncias y pruebas publicadas también por iniciativas de los medios informativos tendrán que obligar a la Junta Central Electoral a salvar la cara por lo menos con un claro pronunciamiento de rechazo a esas viejas prácticas políticas que justifican el anti-reeleccionismo.

Creciente crispación

El uso de recursos del Estado en la campaña por la reelección presidencial se ha desbordado en tales dimensiones que está siendo progresivamente expuesto por iniciativa de los medios de comunicación, generando una considerable crispación en el liderazgo de los partidos de oposición.

El lunes, al comenzar la semana, HOY reprodujo declaraciones del presidente del PRSC, Federico Antún, en el sentido de que "si el presidente Leonel Fernández se reeligiera comprando conciencias, distribuyendo los recursos públicos y destruyendo el sistema de partidos, se le dificultaría gobernar".

Ese mismo día el candidato presidencial del MIUCA, doctor Guillermo Moreno, declaró por Teleantillas que sería ilegítimo un gobierno resultante de tan abrumador abuso de los recursos públicos y que como tal no lo reconocería y que lo enfrentaría.

Seguiría el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, acusando al presidente Fernández de pretender secuestrar la democracia e imponer un partido único.

Tras ser escogido candidato vicepresidencial del mismo partido, el doctor José Joaquín Puello sostuvo que el gobernante ha perdido toda nación de límites en la violación a las leyes y el reparto del dinero que la ciudadanía paga como impuestos, afirmando que ya es un problema ético y moral.

Ya el miércoles el ingeniero Antún anunció que al pasar la semana santa el PRSC convocará a una cumbre de partidos "a fin de establecer acciones en procura de adecentar la campaña electoral, preservar el sistema de partidos políticos y defender la democracia dominicana".

Obligados a dar la cara

Desde principios de mes se viene barajando en sectores de oposición la idea de apelar en conjunto a la Junta Central Electoral (JCE) para que se impongan límites al abuso de los recursos públicos. Una instancia en ese sentido le fue sometida por el PRD el 28 de febrero, pero más de tres semanas después todavía no se ha producido una respuesta.

Es obvio que tratándose de una instancia que busca contención en la campaña electoral, su conocimiento debería ser expedito. Tampoco se ha conocido una respuesta al recurso que le sometió el 11 de febrero el candidato presidencial del Partido revolucionario Independiente, Trajano Santana, pidiendo la intervención del tribunal electoral "para evitar que prosiga la compra de dirigentes opositores por parte del gobierno".

El viernes 14 el juez electoral Eddy Olivares pidió una convocatoria urgente del pleno de la JCE para que conozca las denuncias contenidas en un reportaje televisivo de Nuria Piera donde se expuso con lujos de detalles gráficos el pago a miles de dirigentes del partido de gobierno con sumas de entre 3 y 5 mil pesos mensuales.

La doctora Aura Celeste Fernández, también integrante del tribunal, no dejó dudas de que condenaría la acción. El martes se reunió el pleno de los jueces y dio un plazo de cuatro días al gobierno para que explique lo de la llamada "nómina de los CB" o comités de base peledeistas.

Al dejar constancia de que la JCE tiene facultad para establecer límites y hasta disponer incautaciones, su presidente el doctor Julio César Castaños dio un paso adelante el lunes 17 al pedir que la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana del Transporte incauten los vehículos que son utilizados en la campaña electoral sin la placa de identificación correspondiente.

Desde hace varias semanas se denuncia que para evadir responsabilidades quitan las placas a vehículos oficiales que son utilizados en la campaña electoral. En otros casos les colocan placas de vehículos privados. El doctor Castaños no solo dijo haber recibido denuncias sino que agregó que "yo propiamente he visto".

Las denuncias ya no parten sólo de los partidos, sino que también son expuestas por los medios de comunicación. Además del reportaje de Nuria, Diario Libre del 13 de febrero publicó que los pagos de la "nominilla CB" continuaron en la Plaza Dorada de Villa Mella, en un reportaje donde presentó decenas de vehículos con placas privadas cuando eran provistas de combustibles en el patio trasero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, uno de los organismos señalados en el reportaje de Piera. Ese mismo día, El Nacional dio cuenta del pago de la "nómina CB" en La Romana y Santo Domingo Este.

Al entrar en la recta final del proceso electoral, tras el asueto de la semana santa, es obvio que la atención estará centrada en los reclamos de los opositores para que la JCE contenga los excesos que atribuyen al gobierno.

Convicción generalizada

Se ha generalizado la convicción de que el PLD está utilizando abiertamente los recursos del Estado en la campaña electoral, aunque la mayoría no parece dispuesta a denunciarla. No faltan quienes la justifican como una práctica de la política correspondiente a quienes usufructúan el poder.

Pero también hay convicción de que nunca antes se había registrado en proporciones tan elevadas, cuando el gobierno viene invirtiendo un promedio de 184 millones de pesos cada mes en publicidad, en su mayoría de carácter político propagandístico.

Se estima que cerca de 600 mil personas están recibiendo dinero del gobierno a título de ayuda. Los del programa Solidaridad elevados en un mes de 300 a 400 mil. Otros cien mil en el programa "Vamo´arriba" y 50 mil en el recién instituido plan de asistencia a bachilleres. Si se suma la nominilla CB pasarían de 600 mil, con erogaciones de centenares de millones de pesos por mes.

El reciente informe de observación electoral de Participación Ciudadana sostuvo que "El factor más negativo registrado en lo que va del proceso electoral, y aún desde la precampaña para elegir candidatos, ha sido el uso tan desmesurado de los recursos del Estado, incluyendo la incorporación de casi todo el gobierno a la campaña electoral reeleccionista".

Pero el factor que mayor irritación parece generar en la oposición es el financiamiento del transfuguismo político, mediante mecanismos como la designación en cargos públicos, en muchos casos con posibilidades de emplear decenas y cientos de allegados. También mediante contratos y compras por parte de organismos estatales.

El partido que más deserciones ha sufrido es el PRSC, hasta niveles sin precedentes, incluyendo dirigentes de alto nivel, senadores, diputados, síndicos y regidores. Son tantos los casos de los últimos meses que tomaría mucho espacio identificarlos.

Innecesario y peligroso

Entre analistas y observadores políticos existe consenso de que el abuso del poder que se advierte está manchando el proceso electoral, y lo consideran no sólo peligroso para la institucionalidad democrática y la gobernabilidad, sino también innecesario.

Muchos no entienden que un partido de gobierno al que la generalidad de las encuestas atribuye posibilidades de obtener la mayoría en la primera votación, tenga que apelar a abusos tan obvios. Las dos encuestas de más tradición en el país, la Gallup y Penn & Schoen, le otorgaron recientemente a la reelección el 52 y el 56 por ciento de las preferencias, con su más cercano contendiente en 34 y 32 por ciento respectivamente.

La situación es parecida a la que se daba el año pasado en la lucha por la nominación presidencial del PLD, cuando el uso del poder del Estado fue abierto, pese a que el presidente Fernández siempre encabezó las encuestas. Al final no quedó espacio para que su contrincante Danilo Medina lo legitimara como candidato.

En el plano nacional sería mucho peor, pues la crispación mantiene la política en niveles primitivos que impiden la concertación para legislar y gobernar con consensos. Un gobierno surgido de elecciones cuestionadas y bajo cargos de ilegalidades, no es lo que necesitará la nación para enfrentar el desfavorable escenario internacional actual, con el agravante de que le será muy difícil mantener los niveles de repartición del presupuesto nacional que realiza en la actual campaña electoral.

Origen del Articulo: http://clavedigital.com/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=13198

EL METRO FARAÓNICO II

Luis H. Arthur S.

A la muerte de Trujillo éramos un país sin deudas, pero vinieron gobiernos “amigos”, organismos internacionales y muchos nacionales, que nos convencieron que vivíamos en el error, y nuestros gobiernos se volvieron a endeudar cada vez más. Hoy estamos tan endrogados con deudas posiblemente impagables, que tienen que volver a prestarnos para que paguemos lo viejo, y nuestro presupuesto se consume en gran medida en el pago de los intereses y de algo del principal.

Los que han caído en manos de prestamistas usuremos y de bancos comerciales, saben de qué hablo, pues han vivido y viven en carne propia su error.
Balaguer fue el único que resistió en gran medida la fiesta de agarrar prestado. Los demás, Leonel, Hipólito y Leonel han hecho fiesta de este recurso, que nos hunde cada día más, pero les permite a ellos mostrar obras que hicieron con parte de ese dinero, que de la otra ni eso, simplemente se evapora toda en el día a día y la corrupción.
Nos hablan de “capacidad de endeudamiento” y eso pasa no sólo con naciones, sino con personas. Los bancos te ofrece desde préstamos hasta tarjetas que tú crees que te van a ayudar, y sí lo hacen si tienes control, pero si te descuidas, te encuentras pagando intereses, mora y refinanciamientos, y tu capacidad de pago generalmente se va en intereses, y tu vida se deteriora pues casi trabajas para los bancos y los prestamistas.
La fiebre de agarrar dinero llega a veces hasta lo ilegal, como ha pasado con este gobierno y el prestamos de la Sunland de los 130 millones, que se saltó todas las normas constitucionales y no se sabe aun dónde está el dinero que ahora se paga ilegalmente.
¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que al obrar tan irresponsable y alegremente, condenamos a la nación a un deterioro por falta de dinero y a una sumisión lamentable, que se quieren justificar con palabras bonitas que a la postre se dan de bruces con la realidad.
No tenemos electricidad aunque desde el 1999 nos auguraron solución al problema. No tenemos educación básica buena, aunque nos quieran disfrazar el problema con computadoras que son unas magnificas herramientas, pero no una solución.
Tenemos un Metro, que no tenía que ser el más caro de todos, que habrá que subsidiar con muchos millones.

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