El Cardenalato

POR VIOLETA YANGUELA

El Titulo II, Sección I de la Constitución de la República relativo a los derechos individuales y sociales, dice que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona humana.

En los acápites siguientes, se definen esos derechos.

El acápite 8 establece la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres.

El acápite 6 establece que toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral.

Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes. Se prohíbe toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o a crítica de los preceptos legales.

Por un lado la libertad de conciencia y de cultos y por el otro la libertad de expresión del pensamiento. Monseñor Nicolás Cardenal López Rodríguez ha afirmado que los que favorecen la despenalización del aborto son unos farsantes, irresponsables, hipócritas y comediantes.

No, Su Eminencia Reverendísima, los que apoyan la despenalización del aborto están expresando su derecho a la libertad, primero de conciencia y de cultos y segundo a emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o cualquier otro medio de expresión gráfico u oral.

En pocas palabras, ejercen sus derechos políticos y civiles. Es el mismo derecho que ejerce Su Eminencia Reverendísima en una sociedad civil para oponerse a la despenalización del aborto terapéutico. Es la finalidad principal del Estado: la protección efectiva del derecho de las personas.

Al contrario, Su Eminencia, la hipocresía está en otros lados.

Es la hipocresía de la permisividad para la práctica del aborto "ilegal" con diferencias de clases económicas que les permiten a unas un aborto seguro y a otras un aborto que en muchas ocasiones termina con la muerte. Ahí están los farsantes, los irresponsables y los comediantes.

Por otra parte, Su Eminencia Reverendísima habló de vándalos.

El Príncipe de la Iglesia Católica aboga porque a los delincuentes se les aplique una "ley fuerte para llevarlos al terreno de la racionalidad", censuró a las autoridades que tratan de "reconocer el derecho de las víctimas por encima del victimario" y en relación a las muertes recientes en alegados intercambios de disparos agrega que "nadie está de acuerdo con el fusilamiento de personas pero tampoco que los delincuentes anden matando a nadie".

¿Qué es una ley fuerte?

¿Pena de Muerte? ¿Por disparos o por justicia?

v.yanguela@codetel.net.do

Fuente Original: http://elnacional.com.do/article.aspx?id=26621

PRD/PLD: DE NUNCA ACABAR

Recurrente denuncia de abusos estatales

Como hizo el PLD en el 2004, el PRD apela a la OEA para que vele por elecciones libres denunciando el abuso de recursos estatales en la promoción del continuismo.

Por Juan Bolívar Díaz/Especial para Clave Digital (*)

SANTO DOMINGO, DN (República Dominicana).-La apelación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que vele por la limpieza democrática de la próxima elección presidencial es una muestra de la precariedad institucional y la debilidad del arbitraje nacional.

Al mismo tiempo se ratifica que la política nacional es recurrentemente circular, ya que para los comicios del 2004 correspondió al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acudir ante el mismo organismo en términos todavía más dramáticos, pues advertía que era mejor enviar observadores que tropas para restablecer el orden.

El documento entregado esta semana a la representación de la OEA está bastante fundamentado, aunque los denunciantes de ahora cargan la responsabilidad de haber restaurado constitucionalmente el reeleccionismo que en la historia nacional es sinónimo de abuso del poder.

Recurrencia a la OEA

Cuando el PRD acudió esta semana ante la misión de la OEA en Santo Domingo denunciando abusos gubernamentales en la promoción de la reelección del presidente Leonel Fernández, recibió una andanada de críticas, especialmente del sector político gobernante que lo descalifica para quejarse ante el organismo internacional. No faltaron quienes le recriminaran el no haber agotado los mecanismos institucionales dominicanos.

Como la memoria de los políticos suele ser corta, es posible que tanto perredeístas como peledeistas no recordaran que en el 2004 se produjo una apelación similar, sólo que entonces los primeros eran quienes intentaban la reelección con claros indicios de abusos del poder y los que hoy gobiernan y hacen lo mismo estaban en la oposición.

Correspondió al doctor Leonel Fernández, entonces candidato presidencial del PLD, acudir ante la OEA en Washington al finalizar febrero del 2004 para reclamar su mediación en el proceso electoral, fundado en los temores de que el mismo resultara viciado por el desbordamiento del poder en el esfuerzo reeleccionista.

Un cable de la Agencia Francesa de Prensa informó que el doctor Fernández solicitó a la OEA, al Centro Carter y a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) que enviaran misiones de observación a los comicios presidenciales de ese año para evitar un fraude electoral que podría provocar una crisis similar a la de Haití.

En términos dramáticos, el candidato del PLD advirtió que "el costo de los observadores electorales sería menor que el de enviar luego soldados estadounidenses para restaurar el orden en República Dominicana como ha ocurrido en Haití".

Aquella petición fue justificada por la generalidad de la opinión pública ante la desconfianza e incertidumbres que despertaba el afán continuista del entonces presidente Hipólito Mejía, que incluía abusos de recursos y políticas estatales en circunstancias muy adversas a causa de la crisis financiera originada en los fraudes bancarios del 2003. La OEA envió una amplia misión a observar las elecciones presidenciales de mayo del 2004.

Invierten los papeles

El presidente Mejía había abusado de recursos estatales hasta en su mismo partido comprando legisladores y voluntades políticas primero para una reforma constitucional que contradecía el principio perredeista de no reelección, y luego para imponerse como candidato. Se olvidaron los vicios que ha comportado históricamente el reeleccionismo, denunciados entonces por el PLD.

Ahora los papeles aparecen invertidos y el denunciante es el PRD que redescubre la recurrencia a utilizar los recursos y a subordinar las políticas del Estado al interés continuista. Y se han escuchado voces oficialistas que descalifican a los objetores "porque ellos lo hicieron también", lo que implica un reconocimiento de culpabilidad.

El documento entregado esta semana a la OEA denuncia que el presidente Fernández ha recurrido a esquemas carentes de transparencia para incorporar al gobierno a un considerable número de dirigentes y militantes de partidos de oposición para fortalecerse proyecto reeleccionista. Lo acusa de violar la ley de austeridad 497-06 con la creación de más de 40 cargos administrativos.

También denuncia abuso de recursos del Estado en publicidad gubernamental, para promocionar la reelección, con un gasto de mil millones de pesos entre junio del 2006 y junio del 2007. Contiene anexos de publicidad gubernamental con las consignas y la foto de campaña del presidente y su partido.

La denuncia incluye el uso de la sede presidencial y de las inauguraciones de obras para promover el continuismo y de programas sociales estatales para "contrarrestar las actividades proselitistas de los candidatos de la oposición.

Lo que los perredeistas solicitan a la OEA es "mantener una posición de vigilancia sobre el acontecer político dominicano a los fines de que los comicios electorales del 16 de mayo del 2008 sean limpios, diáfanos y transparentes, reflejando la libérrima voluntad popular del pueblo dominicano".

La petición se fundamenta en la Carta Democrática Interamericana, suscrita en el 2001, que incluye como fundamentos del estado de derecho la transparencia electoral, el fortalecimiento de los partidos, y el libre ejercicio del sufragio y que autoriza al Secretario General o al Consejo permanente de la OEA a intervenir "cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que puedan afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder".

Denuncia fundamentada

A ningún buen observador debe caberle duda de que el gobierno está utilizando el poder del Estado para promover sus posibilidades de imponerse en los comicios del próximo año.

Lo hizo en la lucha interna en el PLD para escoger candidato presidencial, como lo denunció sistemáticamente el precandidato Danilo Medina, mediante propaganda pagada por el Estado, con designaciones y cancelaciones de funcionarios.

El uso del Palacio Nacional para actividades partidistas como las de los "Comunicadores con Leonel" y el aprovechamiento de los actos de inauguraciones para promoción electoral han quedado también a la vista de todos.

El hecho de que haya sido tradición el uso del poder estatal en las campañas electorales, como hicieron los reformistas y perredeístas en el pasado, no resta validez a las denuncias. Tampoco invalida las aspiraciones de un ejercicio democrático más transparente y justo.

Aparte de la promoción del transfuguismo mediante la oferta de cargos públicos, esta vez ha quedado demasiado patente en el reparto de "cuotas de poder" en el gobierno para ganar apoyo de partidos y militantes políticos, incluyendo la creación de decenas de posiciones pagadas con los recursos nacionales.

Las pruebas están a la vista de todos con una abrumadora propaganda gubernamental, de promoción personal del primer mandatario que hace 4 meses es candidato presidencial. Su fotografía y consignas electorales en la propaganda oficial rebasan los límites de lo permitido en las democracias contemporáneas, aunque aquí puedan parecer normales.

Los volúmenes de la propaganda política del gobierno superan con mucho las prácticas del pasado, mucho más significativo cuando aún faltan más de 8 meses para la elección presidencial. Y podría ser peor más adelante, ya que los voceros del PLD dicen que todavía no han comenzado su campaña electoral.

En un artículo publicado en el periódico digital 7 Días, el economista Nelson Suárez documenta, con base en los datos oficiales, la multiplicación de la inversión gubernamental en propaganda.

De 70.6 millones promedio mensual entre septiembre y diciembre del 2004, ascendió a 120.6 millones por mes en el 2005 y a 160.7 millones cada mes en el 2006, para elevarse en promedio mensual a 182.7 millones en el primer semestre del año en curso.

Totaliza 4 mil 753.3 millones de pesos gastados en publicidad gubernamental en lo que va de esta administración, centrada en lo que hace el presidente, no en campañas educativas ni de orientación que brillan por su ausencia.

La primera instancia

No deja de resultar irónico que el PRD denuncie prácticas en las que incurrió cuando gobernó, sobre todo después de haber restaurado el reeleccionismo que tanto ha conspirado contra el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Se le puede criticar también que no haya agotado la primera instancia de apelación para contener los desbordamientos que denuncia, que debería ser la Junta Central Electoral.

Sin embargo, y pese a que en el actual arbitraje electoral se expresan más preocupaciones por la equidad en la competencia política, pocos esperan que en realidad pongan límites, siquiera mediante advertencias formales, a los abusos del poder estatal.

Es cierto que la ley otorga pocos recursos coercitivos a la JCE, pero el artículo 47 de la Ley Electoral "prohíbe a los partidos políticos, a sus dirigentes, militantes o relacionados recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los poderes del Estado, o de los ayuntamientos, directamente o bajo cualquier mecanismo jurídico, así como beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas, o sostenerse, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley".

(*) Escrito para el periódico Hoy. Clave Digital lo publica con autorización del autor.

Fuente Original del Articulo: http://www.clavedigital.com/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=11129

Mayoría está insatisfecha con la gestión de Leonel

ENCUESTA GALLUP-HOY
El 31% de la población la considera positiva, pero el 42% dice que la gestión de tres años es negativa

Treinta y uno de cada cien ciudadanos y ciudadanas consideran positiva la gestión de tres años del gobierno del Presidente Leonel Fernández, pero 42 la califican como negativa, de acuerdo a los hallazgos de la última encuesta Gallup-HOY.

El 25% adoptó una postura intermedia y la ve regular.

El 29% de los encuestados calificó la gestión gubernamental del doctor Fernández de buena y el 2.3% de muy buena.

En el extremo opuesto está el 10.7% de los ciudadanos y ciudadanas que la califica como muy mala y el 31.6% que la considera mala. Sólo el 3.4% de los entrevistados rehusó responder la pregunta.

LAS REGIONES

Donde los ciudadanos tienen una visión más positiva de la gestión del Presidente Fernández es en la región Este, 45.2%, muy por encima del promedio nacional.

Le sigue la zona metropolitana (Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo), 38%, también por encima del promedio nacional. En tercer lugar están los residentes en el Norte del país, 25.2%, y al final los sureños, 22.7%.

En el otro extremo están los que tienen una percepción negativa del gobierno: la zona metropolitana, 34.9%; la región Norte, 53%; la región Este, 20.9%, y el Sur, 46.7%.

ESTAMENTOS SOCIALES

Los resultados del sondeo también hallaron que para el 46.5% de los grupos sociales más altos la gestión de Fernández ha sido positiva. El 35.4% de las clases medianas tiene un criterio similar, pero para los amplios grupos sociales de menos ingresos esta visión se reduce a 30.2%.

La visión negativa es esta: clases de mayores ingresos, 28.6%; clases medianas, 34.2%, y los grupos de menores ingresos, 43.6%.

AHORA ESTÁ PEOR

Los encuestadores también preguntaron a los entrevistados lo siguiente: ¿Diría usted que a los tres años de la gestión del Presidente Leonel Fernández la situación económica de la República Dominicana está mejor, igual o peor que al inicio del período?

Las respuestas fueron las siguientes: el 47.3% dijo que está peor que al inicio del período, el 16.1% dijo que está igual y el 34.6% respondió que está mejor que al comienzo del gobierno.

VALORACIÓN POR ÁREAS

Educación pública es el área o actividad del gobierno con mayor valoración positiva (49%) entre las 12 que fueron puestas bajo el juicio de los ciudadanos y ciudadanas en la encuesta Gallup-HOY.

Educación fue seguida de salud pública (30%) y de la estabilidad de la economía (24%).

Las valoraciones por áreas o actividades de políticas públicas son las siguientes, según los hallazgos de la encuesta Gallup-HOY:

ENERGIA ELÉCTRICA

Positiva:.......................................................23.3%

Regular: .....................................................24.2%

Negativa: ...................................................51.8%

EFICIENCIA DEL GABINETE

Positiva: ......................................................11.5%

Regular: ......................................................22.4%

Negativa: ....................................................51.8%

No sabe: .....................................................14.3%

CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

Positiva: ......................................................13.3%

Regular: ......................................................18.3%

Negativa: .....................................................57.8%

No Sabe: .....................................................10.6%

POLÍTICA DE PRECIOS

Positiva: ......................................................16.4%

Regular: ......................................................17.3%

Negativa: ....................................................65.3%

POLÍTICA DE EMPLEO

Positiva: ........................................................7.4%

Regular: ......................................................11.3%

Negativa: ....................................................78.6%

TRANSPORTE PÚBLICO

Positiva: ......................................................19.8%

Regular: ......................................................22.8%

Negativa: ....................................................52.6%

No Sabe: ......................................................4.8%

SALUD PÚBLICA

Positiva: ......................................................30.3%

Regular: ......................................................17.8%

Negativa: ...................................................45.8%

No Sabe: .....................................................6.1%

POLITICAS CONTRA DELINCUENCIA

Positiva: ......................................................13.4%

Negativa: .......................................................14%

Negativa: ....................................................71.4%

EDUCACION PÚBLICA

Positiva: ......................................................48.8%

Regular: ......................................................25.3%

Negativa: ....................................................23.2%

CONTROL DE INMIGRACIÓN ILEGAL

Positiva: ......................................................10.3%

Regular: ......................................................11.4%

Negativa: ....................................................73.4%

No Sabe: .......................................................4.9%

ESTABILIDAD ECONÓMICA

Positiva: ......................................................24.3%

Regular: ......................................................23.1%

Negativa:........................................................51%

CONTROL DE TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS

Positiva: ......................................................16.3%

Regular: ......................................................10.7%

Negativa: ....................................................68.8%

No Sabe: .......................................................4.3%

EXPECTATIVAS NO CUMPLIDAS

Los encuestadores de Gallup preguntaron a los electores lo siguiente: -A su juicio, ¿cómo diría usted que ha actuado este gobierno, mejor que lo esperado o peor que lo esperado?

Las respuestas fueron las siguientes:

Peor que lo esperado: ...............................52.3%

Igual que lo esperado: .................................18%

Mejor que lo esperado: ............................29.8%

Fuente Original: http://www.hoy.com.do/article.aspx?id=122240#

La desdicha de no ser Matos Berrido: 120 ex empleados del IAD denuncian injusticia

SUS DERECHOS PISOTEADOS

SANTO DOMINGO, DN. (República Dominicana) - Mientras algunos altos funcionarios de entidades estatales se auto pensionan y asignan privilegios, otros servidores públicos viven penando por sus prestaciones laborales, como sucede con unos 120 ex empleados del Instituto Agrario Dominicano (AID), que fueron cancelados al inicio del actual Gobierno, y que dedican sus esfuerzos diarios a recuperar RD$17 millones en indemnizaciones.

Entre los despedidos del IAD figuran los agrónomos Jorge Catano, Luis Francisco Montero, Julio César González y Birelsa Acosta, quienes cuestionan el hecho de que altos funcionarios, como el gerente general del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV), Leonardo Matos Berrido, se auto asigne una pensión de más de RD$450 mil mensuales.

Lamentan que en el país sucedan casos de funcionarios que se auto pensionan, mientras los cancelados del IAD no encuentran respuestas a su reclamo, pese a que sirvieron al Estado hasta por 25 años.

La propia Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP) se hizo eco del problema de los cancelados del IAD. En carta remitida al presidente Leonel Fernández el pasado 3 de julio, el director de dicho organismo, Ramón Ventura Camejo, explica que los ex empleados “fueron separados del servicio sin causa justificada, después de haber laborado durante diez o más años en esa institución (el IAD) y en otras dependencias”.

Ventura Camejo recuerda al Presidente los derechos que tienen los trabajadores despedidos, en virtud de la Ley 14-91, del 20 de mayo de 1991, sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Añade, además, que “los interesados, por su parte, durante más de tres años han estado haciendo las gestiones de lugar, procurando por diferentes vías que el IAD le dé cumplimiento a sus reclamaciones, acudiendo en varias ocasiones a la prensa escrita y televisiva, sin embargo, no han recibido el pago que disponen las normas citadas ya que, el IAD sólo ha hecho entrega de una mínima proporción de la deuda laboral”.

Julio César González, de 45 años de edad, cuenta que trabajó 14 años en el Departamento de Captación de Tierras del IAD, por lo que entiende que su despido sólo se explica por razones de carácter político.

Considera que entre los despedidos existen casos de personas que debieron ser pensionados por su antigüedad en el servicio. Entre esos casos sitúa el de Manuel Mateo de los Santos, que tenía 15 años trabajando en la gerencia de Higüey del IAD y 10 en la Secretaría de Agricultura.

También recordó que Gustavo Paulino tenía 25 años de servicios y Antonio Guarionex Lora, 24, y Manuel Reynoso Toribio, 21. Unos 20 de los despedidos recibieron en octubre de 2005 una proporción de la indemnización que le correspondía, cuando el entonces director del IAD, Salvador Jiménez (Chío), entregó cheques con esos fines por alrededor de RD$1 millón.

Los despedidos incluso llegaron a un acuerdo con Jiménez para que los afectados recibieran sus prestaciones en distintas partidas. Sin embargo, explican que el funcionario incumplió con lo pactado, bajo el alegado de que el IAD no tenía fondos, pese a que, según recordaron, ese organismo ha designado al menos seis subdirectores en violación a su ley orgánica.

Algunos Casos

Además de Matos Berrido y Melo viuda Cardona, entre los casos de funcionario a los que se les cuestionó el auto asignarse supuestos privilegios desde sus posiciones en el Estado, figuran los actuales jueces de la Junta Central Electoral (JCE) y de la Cámara de Cuentas.

A estos funcionarios se quisieron sumar los senadores con sus aspiraciones recientes de que el Estado aumentara sus salarios de RD$125 mil a RD$250 mil mensuales, bajo el alegado de que el Fondo Social que reciben no les alcanza para cumplir con los compromisos políticos que mantienen en sus respectivas provincias. También reciben pensiones, con sólo cuatro y ocho años de servicios, los ex miembros de la JCE, como su ex presidente Manuel Ramón Morel Cerda, que con cinco años en el puesto, recibe RD$111,121.92, según datos oficiales del organismo.

Por otro lado, el ex presidente de la JCE, Luis Arias Núñez, con sólo ocho años de servicio, recibe RD$159,250.

Las jubilaciones de funcionarios con pocos años de servicios provocan irritación en cientos de trabajadores, como los que se agrupan en la Asociación de Pensionados del Distrito Nacional, una entidad afiliada a la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC). Su presidente, Juan Francisco Corona, explica que en su caso sólo recibe RD$2,900 mensuales, después que “trabajé durante 17 años como mecánico industrial en la Cementera y me pensionaron hace 13 años por invalidez en el servicio, para que me muriera en mi casa”.

Corona cuenta que se siente molesto cuando la prensa se hace eco de que algunos funcionarios, se “pensionan con todos esos cuartos y uno no tiene ni para comprarle arroz a sus hijos”.

Recuerda que los pensionados son, en su mayoría, personas mayores con males propios de su edad y a veces tienen que hacer esfuerzos para cobrar los 25 de cada mes, porque el Gobierno se retrasa en el depósito del dinero en el Banco de Reservas, como sucedió el mes pasado. El resultado de los abusos y la amargura le desencajan la cara.

Matos Berrido defiende una decisión que le beneficia

“Tengo 45 años de servicios efectivos al Estado, entonces si alguien merece esa pensión… Mucha gente se ha jubilado con dos años y menos (en el Estado), lo menos que yo puedo aspirar es a que me pensionen…”, dijo Leonardo Matos Berrido al comparecer en un programa televisivo, donde se refirió a la pensión de más de RD$450 mil que le aprobó el BNV.

Aseguró que desde 2001, cuando se votó la Ley de Seguridad Social, el BNV liquidó su plan de pensiones y devolvió las prestaciones a los trabajadores que serían cubiertos por el sistema de seguridad social.

Se quejó de que, pese a ello, la entidad siguió pensionando “sin ninguna regla”, hasta agosto de 2004. Se definió como un “hombre muy celoso de mi honestidad” e insistió en que merece una pensión luego de ser secretario de Educación, Administrador del Seguro San Rafael y embajador en Taiwán e Italia.

Fuente Original: http://www.clavedigital.com/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=10950